CiU tilda de "inocentada" la subida de los peajes catalanes por encima del coste de la vida

El anuncio de que los peajes dependientes de concesiones de la Generalitat subirán seis décimas por encima del coste de la vida el próximo año generó ayer un alud de críticas al Gobierno catalán. El portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Parlament, Felip Puig, tildó de "inocentada" el anuncio de la Generalitat porque, defendió, supone "un ejemplo muy claro de demagogia y de incumplimiento de compromisos por parte de los partidos de la izquierda del país". Puig señaló que en los últimos cuatro años los peajes dependientes de concesiones de la Generalitat han subido el 15%.

En las filas del Partido Popular fue Alberto Fernández Díaz quien criticó al Gobierno. Lo hizo porque, en su opinión, se discrimina a los residentes en Barcelona con la nueva política de eliminar los pagos en determinados peajes a sus usuarios habituales.

El presidente del Grupo Popular del Ayuntamiento de Barcelona lamentó por medio de una nota de prensa que "los barceloneses que se ven obligados en sus desplazamientos fuera de la ciudad a utilizar los peajes no obtienen ningún tipo de descuento". Se refería así a que ni el peaje del túnel del Cadí, ni el de Alella, ni el de Mollet, ni el de Les Fonts prevén descuentos para los barceloneses y sí para los vecinos de las poblaciones de los alrededores.

Las críticas de la oposición en un asunto tan delicado como el de los peajes motivó una contundente respuesta del Partit dels Socialistes (PSC). El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, lamentó sobre todo que CiU se atreva a hacer críticas en este sentido después de 23 años en el Gobierno. "Mientras que CiU se dedicaba a alargar en el tiempo las concesiones, haciendo sufrir eternamente los bolsillos de los catalanes, ahora por primera vez no sólo hay un Gobierno que no aumenta los años, sino que además reduce costes".

Socialistas y convergentes se enzarzaron también en una disputa sobre las razones que han llevado al Gobierno a incrementar el precio de los peajes por encima del IPC. Mientras que el Gobierno defiende que lo ha hecho para sufragar el agujero que dejó el Gobierno de CiU al aplicar descuentos que la Unión Europea prohibió posteriormente, los convergentes defienden que este dinero podría cargarse a las arcas públicas de manera que no se gravara más el uso de las vías rápidas.

Aparte del incremento de las autopistas que dependen de la Generalitat, las del Estado han subido todavía más. Concretamente el 3,6%, un incremento que afecta a las autopistas AP-7 y AP-2.