Críticas a Alperi por privatizar la seguridad de los ciudadanos

Dos formas de entender la seguridad ciudadana. La oposición política en Alicante salió ayer en tromba contra la decisión del Ayuntamiento que dirige Luis Díaz Alperi, del PP, de reforzar y ampliar la vigilancia privada de espacios y parques públicos. Tanto el PSPV-PSOE como Esquerra Unida denunciaron que con esta decisión Díaz Alperi vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El pulso viene de lejos. Arrancó cuando, a finales de 2002, el Consistorio decidió recurrir a la contratación de empresas privadas para vigilar parques y espacios municipales, y se recrudeció ayer tras conocerse que Alperi está dispuesto a intensificar esta línea de trabajo. En la subdelegación del Gobierno en Alicante admiten que la decisión es legal, aunque advierten de que estudiará el expediente para garantizar que cumpla con la legalidad, y cumplir con la publicidad y difusión necesaria para que los ciudadanos conozcan dónde estarán instaladas las cámaras.

El portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento, Domingo Martín, criticó el fondo y la forma de esta medida. Martín denunció la forma de actuar del PP que ha frenado esta decisión durante más de un año y ahora aprueba la concesión "con carácter de urgencia". Los socialistas entienden que la trascendencia del tema hace que éste debería ser discutido en un pleno. Martín teme que este plan "enmascare la privatización de parte de la seguridad ciudadana" y exigió que sea la Policía Local quien controle y supervise las imágenes y actúe en consecuencia. El portavoz socialista lamenta que el Ayuntamiento "vulnere y se tome tan a la ligera derechos fundamentales de los ciudadanos".

El candidato de EU a la alcaldía, José Antonio Fernández Cabello, cuestionó también el "oscurantismo" y la "falta de transparencia" del gobierno municipal del PP al tomar esta decisión. EU rechazó las medidas de videovigilancia "por autoritarias e ilegales" y entiende la decisión supone "una clara agresión a un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad de las personas". El Bloc, en la misma línea, mostró su preocupación por la medida y exigió al Ayuntamiento que "cumpla estrictamente con la ley de videovigilancia que tan sólo permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad" el visionado de imágenes.

Una sentencia previa

El responsable de la sección sindical de CC OO en la Policía Local de Alicante, Pedro Soriano, anunció que su sindicato recurrirá la contratación ante el Ayuntamiento, en primera instancia, y si es preciso iniciará un proceso contencioso administrativo en los tribunales. El responsable sindical recordó que en marzo de este año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TJS) estimó en parte un recurso presentado por el Sindicato de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana contra el acuerdo del Ayuntamiento de Alicante en noviembre de 2002 de convocar un concurso para contratar vigilancia privada.