El año de la vivienda

De entre los múltiples balances que se pueden hacer del año que está acabando, el que quiera dar cuenta de los temas emergentes no puede dejar de situar la vivienda en el primer puesto del ranking. Es indudable que ése ha sido el gran asunto que ha ido escalado posiciones hasta convertirse en una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos y la primera entre los jóvenes. Y ello no ha ocurrido sólo aquí. En el editorial de Le Monde del día de Navidad, el prestigioso rotativo señalaba asimismo la vivienda como el tema estrella del año en Francia. En su pronunciamiento, el editorial menciona que la concatenación de diversos elementos (subida de los precios, muchas veces alimentada por la especulación, mientras los salarios no suben ni mucho menos en la misma proporción, y aumenta la precariedad laboral y el número de personas que reciben sólo el salario mínimo) ha ido generando la crisis de una política que está llegando tarde para responder a necesidades sociales que afectan ya a las clases medias francesas, hasta hace pocos años inusuales beneficiarias de las promociones de vivienda pública. Todo ello a pesar de que entre septiembre de 2005 y septiembre de 2006 se han construido cerca de medio millón de pisos en Francia, una cifra récord en los últimos 20 años.

En España las cifras indican (www.mviv.es) que en 2005 se construyeron una cifra similar a la de Francia, a pesar de que las cifras de población son sensiblemente inferiores. Pero lo más destacable es que si bien hace 10 años se construyeron cerca de 200.000 viviendas, hoy hemos más que duplicado esa cifra, mientras que en el mercado protegido o de promoción pública no sólo no hemos aumentado, sino que hemos disminuido, pasando de cerca de 80.000 en 1996 a las poco más de 60.000 en 2005. Y en Cataluña las cosas no han sido hasta ahora muy distintas (www.mediambient.gencat.net), con un claro retraso de la respuesta pública a las acuciantes demandas de vivienda accesible para grandes capas de la población. Es indudable que los cambios en la política de vivienda no pueden ser tan inmediatos como en otras esferas de intervención pública, por razones evidentes, pero hemos de reconocer que los poderes públicos no han estado a la altura de lo que se avecinaba. El poderoso movimiento que ha ido surgiendo en toda España, con especial fuerza en Cataluña, a favor de una vivienda digna (www.viviendadigna.org) ha logrado poner de relieve ese retraso en la respuesta pública, subrayando que son los jóvenes en proceso de emancipación y los ancianos que viven solos los sectores con más dificultades de acceso a la vivienda y los grupos más vulnerables a las presiones inmobiliarias y especulativas. Y lo ha hecho de manera sencilla y al mismo tiempo contundente e imaginativa (su consigna en la última movilización del 23 de diciembre fue: "Yo no vuelvo a casa por Navidad porque todavía no me he ido"). El manifiesto de la plataforma empieza recordando el artículo 47 de la Constitución, en el que se proclama el derecho a una vivienda digna y la necesidad de luchar contra la especulación, contraponiéndolo a las cifras que recogen de fuentes oficiales, que demuestran las muchas viviendas vacías, el poco esfuerzo en vivienda pública realizado hasta ahora y el inusitado crecimiento del precio de la vivienda, sólo comprensible desde lógicas especulativas. Otro artículo 47, esta vez del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, va más allá y asegura que "los poderes públicos deberán facilitar el acceso a la vivienda mediante la generación de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, con atención especial a los jóvenes y a los colectivos más necesitados". En este caso, la concreción normativa y las prioridades sociales son notablemente mayores, y por tanto la exigencia en relación a los poderes públicos debería crecer.

En este contexto preocupante, es una buena noticia la aprobación por parte del Consell de Govern de la Generalitat del proyecto de ley del derecho a la vivienda el pasado 12 de diciembre. Y es curioso constatar que la reacción de buena parte de los medios haya sido destacar la remota posibilidad de actuar temporalmente contra las reiteradas demandas de situar en el mercado un piso deshabitado, manteniendo siempre la propiedad en manos de sus dueños, y no se ponga de relieve la timidez relativa de este proyecto de ley si lo comparamos con la magnitud del problema que venimos describiendo. Es evidente que el nuevo texto, de aprobarse tal como está, supone de hecho la creación de una política pública de vivienda propia en Cataluña, configurándola en sus aspectos conceptuales, sustantivos y operativos. Y ello es ya de por sí una buena noticia. Lo es también el significativo compromiso de alcanzar (aunque sea en 20 años) la cifra de un 15% de viviendas destinadas a políticas sociales, sobre todo si vemos desde dónde partimos. Se reafirma la voluntad de potenciar el alquiler y las ayudas al mismo, aspecto este en el que la realidad vuelve a mostrarnos lo poco que se ha hecho hasta ahora al respecto. Y el texto explora con prudencia los límites de la propiedad y su función social. Pero, lógicamente, sabe a poco. Sobre todo si atendemos a aspectos que quedan fuera de su marco, como los tributarios, la lucha contra el fraude fiscal ligado a la construcción, el control de las hipotecas y en general ese contexto especulativo que va estallando cada día ante nuestras narices.

Estamos acabando el año con el problema de la vivienda en la primera línea de preocupación social. Y es bueno que desde la vicepresidenta del Gobierno español hasta los responsables de la política de vivienda de la Generalitat hayan reconocido los déficit actuales. Pero probablemente hemos de alegrarnos sobre todo de la notoria consolidación de un movimiento social que haya sido capaz de articularse en muy distintos lugares y que congregue gentes y colectivos muy distintos con relación a un tema crucial para cualquier persona. Las tiendas de campaña plantadas en las orillas del Sena por Médicos del Mundo y la organización que lleva el curioso nombre de Hijos de Don Quijote, para acoger a los sin techo en estos días de frío, son buena prueba del fracaso de la política oficial para articular respuestas colectivas a problemas colectivos. Por todo ello, es precisamente la existencia de movimientos sociales movilizados en torno a la cuestión lo que nos asegura que la presión seguirá manteniendo la vigencia del asunto en próximos años.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.