Álava encarga una auditoría externa para aclarar el fraude en las ayudas al transporte

El diputado alavés de Obras Públicas y Transportes, Javier de Andrés, anunció ayer en las Juntas Generales que va a encargar una auditoría externa para conocer el alcance del supuesto fraude en las ayudas a las empresas de autobús que explotan líneas deficitarias. El informe abarcará los ejercicios de 2000 a 2005. El jefe de dicho servicio, Carlos Jiménez, fue destituido el pasado 22 de noviembre por desviar 1,32 millones de euros desde el año 2003. El PNV y los socialistas rechazaron crear por el momento una comisión de investigación, que EA y Ezker Batua sí creen necesaria. De Andrés entregó el pasado jueves todo el expediente del caso al fiscal de la Audiencia de Vitoria.

El diputado explicó en su comparecencia que ninguna de las auditorías internas realizadas por la institución foral había descubierto el supuesto fraude ya que, a simple vista, el único papel que jugaba la Diputación era aumentar las subvenciones en un 13%. Entre 2003 y 2005, las ayudas a las líneas de autobuses deficitarias ascendieron en total a 10.052.866 euros, de los que 1.320.771 se pagaron como facturas de trabajos de publicidad que nunca se llegaron a realizar.

De Andrés precisó que Carlos Jiménez entregaba a las empresas de transporte de pasajeros un 13% más del coste de explotación de la línea, pero ese dinero no se lo quedaba el transportista, sino que a su vez se abonaba a la empresa Fatco, radicada en Andoain, a cambio de dichas facturas falsas.

Dicha empresa, que entre otros servicios ofrece asesoría en mercadotecnia y publicidad, emitía facturas para cada una de las firmas que recibían las subvenciones por un importe que Jiménez ya había comunicado directamente a los transportistas. Fatco no hacía el trabajo que figuraba en la factura, en la mayoría de los casos de publicidad de las rutas. De Andrés precisó que no se puede hablar de facturas falsas en el sentido que se entiende en los fraudes del IVA en que los importes nunca se hacían efectivos. En este caso sí se pagaba, pero por nada. El diputado no pudo precisar si los 1,32 millones se los repartían Jiménez y Fatco, extremo que tendrá que aclarar la investigación judicial.

El administrador de dicha empresa, Enrique Azpiroz, hermano del diputado del PP José Eugenio Azpiroz, ha negado haber cometido cualquier irregularidad. El caso se halla en manos del fiscal jefe de la Audiencia de Vitoria, Jesús María Izaguirre, con quien de Andrés se reunió el pasado día 21.

Toda la oposición se mostró extrañada de que las irregularidades no se hayan conocido hasta hace pocos días, pese a las sospechas que albergaba el propio diputado.

Empresas al margen

De Andrés dictó una orden foral en marzo de 2005 que rebajaba "sustancialmente" las subvenciones a las líneas. Ayer precisó que estaba preocupado por la elevada cuantía de las mismas desde que en 2004 se hiciese cargo del departamento foral.

EB y EA anunciaron que pedirán una comisión de investigación sobre este asunto, mientras que el resto de los grupos de la oposición explicaron que, de momento, no van a sumarse a esa petición

El portavoz del PNV, José Luis Letona, pidió explicaciones al diputado sobre el sistema de pago de las subvenciones. Quería saber si Jiménez tenía poder especial para librar las cantidades sin pasar por la intervención de la Hacienda.

El portavoz socialista, Juan Carlos Prieto, lanzó una batería de preguntas para conocer en detalle la mecánica del fraude, pero sobre todo para saber si Fatco seguía trabajando con la Diputación. La empresa de Andoain comenzó a colaborar con la institución foral en la legislatura 1995-1999, cuando estaba en manos del PNV.

El diputado intentó mantener a los transportistas al margen del escándalo, al descartar su complicidad y recalcar que no han tenido nada que ver, porque el dinero que recibían por una parte lo entregaban por otra. De hecho, el diputado puso en marcha una investigación interna que acabó con el cese de Jiménez, tras una reunión con varios transportistas, celebrada el 17 de noviembre, en la que estos denunciaron los hechos.

El representante de EA, Manuel Ibarrondo, criticó la falta de control de la gestión pública, mientras que Ritxar Bacete, de EB, pidió al diputado que asuma la responsabilidad política por un fraude que se ha dado en su departamento.