Reunión monocroma

El presidente Zapatero y el líder de la oposición consagraron en apariencia la hora y media de su charla del pasado viernes a mantener un monocromo diálogo de sordos sobre los contactos del Gobierno con ETA, sólo interrumpido por breves excursos acerca de la imposibilidad de reformar la Constitución durante esta legislatura, la conveniencia de revisar la ley del Tribunal Constitucional y la necesidad de elegir a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato expiró el mes pasado. El consenso y el disenso son el anverso y el reverso inextricablemente unidos del sistema democrático, sin cuya dialéctica el edificio se derrumbaría; los acuerdos parlamentarios entre los dos grandes partidos de ámbito estatal sobre la Ley de Dependencia, la designación del presidente de la televisión pública y los Estatutos de Valencia, Andalucía y Baleares permitían imaginar que el consenso pudiera extenderse a otras cuestiones básicas para el buen funcionamiento de la democracia, desde la actualización del reglamento del Congreso hasta la financiación de los partidos, pasando por las medidas contra la corrupción y el transfuguismo municipales. Sin embargo, la versión dada por los interlocutores -en el caso de Zapatero a través de la vicepresidenta- afirma que el encuentro giró de manera casi exclusiva en torno a su divorcio en materia antiterrorista.

El PP maneja a este respecto dos discursos paralelos que utiliza oportunistamente. A raíz del alto el fuego permanente declarado el 22 de marzo por la banda terrorista, destacados portavoces populares defensores de la teoría de la conjura sobre el 11-M sentaron la doctrina según la cual Zapatero y ETA habrían pactado en secreto antes de las elecciones del 14-M una hoja de ruta cuya trayectoria ineluctable preveía la capitulación del Estado de derecho, el reconocimiento de la territorialidad (esto es, la anexión de Navarra al País Vasco) y el derecho a la autodeterminación de Euskal Herria, la ruptura del pacto constitucional de la transición, la quiebra de la unidad de España mediante las reformas estatutarias y la exclusión del PP de la vida pública en beneficio de los nacionalistas.

Sin embargo, la entusiasta incorporación de los populares (salvo en Cataluña) al proceso de reforma de los Estatutos y la constatación empírica de que durante estos nueve meses la fantasiosa hoja de ruta del supuesto pacto secreto entre el Gobierno y ETA no ha avanzado ni un milímetro han obligado al PP a recurrir a su discurso alternativo de carácter preventivo. Así, Rajoy informó después de la reunión que no había recibido de Zapatero las certidumbres necesarias para despejar sus dudas y temores sobre la voluntad del Gobierno de impedir la presentación de Batasuna a las elecciones sin que ETA hubiera renunciado previamente a la violencia, la constitución de una mesa de partidos con presencia de la izquierda abertzale que incluyese a Navarra en la agenda y la aplicación sin contundencia de la ley por el fiscal general en materia terrorista.

La vicepresidenta Fernández de la Vega replicó que las exigencias del líder del PP descansan sobre premisas innecesarias y ficticias puesto que el Gobierno siempre cumple la ley. Pero esa contestación confunde maliciosa o involuntariamente el principio de legalidad con el principio de oportunidad: Rajoy no formuló preguntas sólo jurídicas sino también políticas. Si los dirigentes de la disuelta Batasuna inscribieran en el registro del Ministerio del Interior una formación política con un nuevo nombre y con unos estatutos ajustados a la interpretación que la STC/48-2003 del Constitucional hizo de la Ley de Partidos, la izquierda abertzale seguramente podría concurrir con plenos derechos a las elecciones municipales y forales; Rajoy exige, además, el requisito complementario de que ETA renuncie previamente a la violencia. El rechazo legal de la mesa de partidos por el PP añade también el argumento político de su carácter extraparlamentario. El procedimiento para la incorporación de Navarra al País Vasco figura en la Disposición Transitoria 4ª de la Constitución pero el PP está en contra de ponerlo en marcha. Y también Rajoy rechaza políticamente que el Fiscal General utilice el margen de autonomía concedido por el artículo 3 del Código Civil para interpretar las leyes sobre terrorismo según "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas".