La fuerza de choque contra la corrupción

La mayoría son cuarentones y deportistas. Un yudoca, un alpinista, un pertinaz consumidor de kilómetros en bicicleta y practicantes de tenis, natación o squash (casos Telde, Parques Eólicos y Andratx). Hombres casados, excepto un divorciado recalcitrante que confiesa que las chicas figuran entre sus hobbies favoritos, junto a la lectura de novela negra. Hay un juez rodeado de jueces en su familia (caso Ciempozuelos). Y, otro, el más joven por cierto, que ha conseguido ser inaccesible, un hombre de memoria de elefante, recién casado y al que no le gusta dar pasos en falsos (caso Marbella). Son los jueces y fiscales que, en pocos meses, han levantado una inmensa polvareda al poner cerco a la corrupción en España. Todos ellos -unos conservadores, otros de perfil progresista- han demostrado cuál es el camino para acabar con esta lacra. Una senda difícil y, a veces, sorprendente.

El juez Latorre tiene un perfil moderado y fama de ser competente

"Al juez Torres no le gusta dar un paso en falso. Es meticuloso y conoce cada sumario al detalle"

El fiscal Luis del Río se cuida ahora mucho de aceptar ciertas invitaciones

El juez del 'caso Ciempozuelos' es hijo, sobrino y hermano de magistrados

El juez Miguel Ángel Parramón se ha divorciado dos veces y es amante de la novela negra

Como aquella mañana del jueves 13 de octubre de 2005. Jorge González, un funcionario municipal, había sido citado a declarar como testigo en varios procedimientos relacionados con el Ayuntamiento de Marbella, pero aquel día fue algo más explícito. O, quizás, el juez interpretó mejor lo que quería decir este hombre de 52 años.

Debía testificar acerca de las irregularidades cometidas en el hotel Guadalpín, un complejo de lujo edificado por la promotora Aifos en el que se habían saltado un buen puñado de procedimientos y licencias. Jorge González, según alguno de los presentes, hizo un relato extenso acerca del funcionamiento del consistorio en materia de urbanismo. Tanto es así que el juez Miguel Ángel Torres, dispuesto para su interrogatorio, apenas le interrumpió salvo en una ocasión. Hizo una pausa y aprovechó para salir de su despacho.

El juez buscó en las dependencias de los juzgados al fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero y le pidió que estuviera presente en la declaración de aquel funcionario. Era importante. Jorge González era jefe de los servicios jurídicos del ayuntamiento, pero, desde el 20 de julio de 1998, se consideraba marginado en sus funciones. Explicó con tranquilidad que todas las decisiones en materia urbanística pasaban por Juan Antonio Roca. Dijo textualmente que Roca actuaba "como si fuera el alcalde", que "decidía absolutamente" y que en el Ayuntamiento se hacía "al 99%" todo lo que decidía Roca.

Una vez terminada su larga exposición, el juez le preguntó las razones por las que no había declarado estos hechos con anterioridad, a lo que el testigo respondió que había manifestado cosas parecidas, pero que tenía miedo a las represalias. Y terminó con una frase muy rotunda: "Después de esta declaración temo que pueda pasarme algo".

Algún día se sabrá toda la verdad acerca de esta declaración, pero lo cierto es que, una vez terminada, y a preguntas de una abogada, el juez no emitió opinión alguna. Simplemente dijo: "Estudiaré esta declaración detenidamente". Jorge González pidió la baja en Marbella y se fue durante un tiempo a Madrid.

Miguel Ángel Torres no tardó mucho en reaccionar: a petición del fiscal, extrajo este testimonio del sumario, hizo una pieza aparte, pidió un informe a la policía e inmediatamente dio curso a la solicitud de intervenir cuatro teléfonos. Eran los teléfonos de Juan Antonio Roca. A partir de ese momento arrancó la Operación Malaya. Casi medio año después, ordenó 42 detenciones, entre ellas las de Roca y la alcaldesa de Marbella. Saltó a la luz el mayor escándalo urbanístico conocido en la España democrática, que dio lugar, por vez primera, a la disolución de un ayuntamiento.

Pero Marbella no ha sido un caso aislado. Desde esa fecha, al menos cinco alcaldes (Manilva, Marbella, Telde, Ciempozuelos y Andratx) han ingresado en la cárcel, además de varias decenas de concejales, ex alcaldes, abogados, notarios, directores de sucursales bancarias, funcionarios de Hacienda, empresarios, constructores y jefes de policías locales, sin contar con un largo centenar de imputados, bajo acusaciones fundamentadas en las que predominan el cohecho, la prevaricación, el blanqueo de capitales o la evasión fiscal. Este panorama delictivo de última hora evidencia que España tiene un problema.

El denominador común de todos estos casos ha sido el urbanismo, alimento de la corrupción y el delito económico. Aflora así a la superficie los síntomas de una enfermedad que amenaza seriamente la confianza del ciudadano en la función pública, unos síntomas que se vislumbraban desde hace algún tiempo. Ha sido necesaria la expansión de unas fiscalías especializadas y la intervención de jueces dispuestos a romper viejos moldes para que la justicia intervenga con eficacia en el esclarecimiento de estos asuntos. Denuncias que en otros tiempos hubieran sido archivadas por falta de pruebas terminaron consolidando una instrucción en toda regla gracias a la suma de investigaciones puramente policiales y el auxilio de expertos en análisis patrimonial y tributario. No hay detrás de estos escándalos unos jueces estrella, sino hombres relativamente jóvenes, con carreras sólidas y experiencias muy diversas. Ellos se han convertido en la punta de lanza de la lucha contra la corrupción.

A pesar de su edad, 35 años, Miguel Ángel Torres no puede considerarse a estas alturas como un novato. No al menos en casos de gran repercusión mediática. Había llegado al juzgado número 5 de Marbella en marzo de 2003, procedente del juzgado granadino de Santa Fe. Era el suyo un destino temporal. Por su edad, muchos aventuraron que sería uno de tantos jueces jóvenes que, en el avispero de Marbella, procuran pasar sin mucho ruido. No era Marbella un destino apetecible. Y menos el número 5, un juzgado con antecedentes no muy halagüeños: allí se perdieron unos sumarios en tiempos de Jesús Gil, un escándalo que acabó con un funcionario lanzándose por la ventana. Por allí había pasado también algún juez que cambió de bando.

La policía era muy escéptica con Marbella y sus jueces. Cundía la desmoralización. Los casos se eternizaban. Las denuncias se archivaban. Algún juez con ganas de trabajar sufrió tantas presiones en su entorno que terminó pidiendo el traslado. Eso era Marbella.

Sin embargo, el nuevo juez del número 5 comenzó a trabajar. Unos meses después de su llegada, llegaron a su mesa las primeras diligencias para investigar unas sospechosas implicaciones alrededor de un despacho de abogados. A la policía no le pasó inadvertido que Torres pareciera dispuesto a seguir adelante con todas las consecuencias. La investigación avanzó lentamente, pero con seguridad: al juez no parecía asustarle dirigir la investigación hacia personajes hasta entonces considerados intocables, léase abogados y notarios. Así avanzó la operación Ballena Blanca: el 12 de marzo de 2005, se practicaron las detenciones, entre ellas las de siete abogados y tres notarios. "No le gusta dar un paso el falso, es muy meticuloso y conoce los sumarios al detalle porque tiene una memoria de elefante. Ha sido muy estimulante trabajar con él", sostiene un alto cargo policial.

Ballena Blanca y Malaya han sido dos de los casos estrella del más reciente pasado judicial, dos casos que, sumados ambos, retratan muy a las claras el fenómeno de la corrupción urbanística y la delincuencia económica. El juez Torres ha ordenado la detención de dos alcaldes (Marbella y Manilva), un ex alcalde y un número elevado de concejales, abogados, notarios, asesores, empresarios, constructores, directores de banco e incluso un jefe de la Policía Municipal. El juez Torres bien podría ser considerado un juez estrella de no haber optado por un hermetismo que, de alguna manera, contribuye a rodearle de cierta aureola de hombre implacable.

No acepta entrevistas, no admite fotografías, poco se conoce de su vida privada salvo que contrajo matrimonio a comienzos de otoño y que, en breve tiempo, este granadino que llegó a enfrentarse con algunos profesores durante sus estudios en la escuela judicial, se centrará en exclusiva en su trabajo como titular del juzgado número 5 de Granada.

Ballena Blanca y Malaya hicieron aflorar a la superficie hechos que la sociedad local conocía. La cultura del pelotazo ha tardado en sufrir el necesario reproche social. Algunos jueces sostienen que la sociedad española estaba siendo ciertamente permisiva con ciertas conductas pero la realidad de los hechos que se han conocido puso en evidencia el insultante enriquecimiento que habían alcanzado determinados personajes. Como si se tratara de un suceso en cadena, otros sumarios dieron lugar a nuevos escándalos que han saltado a la opinión pública en el último semestre del año, todos ellos caracterizados por un mismo patrón: administradores públicos corruptos y especulación urbanística.

La nueva estructura de la Fiscalía Anticorrupción ha sido un elemento importante en este proceso. Está dirigida por Antonio Salinas, designado en 2003 durante el Gobierno del PP. El nombramiento de 13 fiscales anticorrupción en zonas consideradas sensibles ha facilitado que la corrupción comience a ser perseguida con más eficacia por la justicia. También lo ha sido que se ampliaran sus competencias a la delincuencia organizada y al delito urbanístico. No es casual que las fiscalías se hayan repartido en localidades como Barcelona (2), Alicante (1), Valencia (1), Murcia (1), Almería (1), Málaga (2), Sevilla (1), Cádiz (1), Canarias (2) y Baleares (1). Junto a Madrid (13 fiscales) esta ordenación de la fiscalía dibuja un primer mapa de la corrupción.

"En nuestro trabajo", confiesa un fiscal "ha sido importante encontrarse con jueces y fiscales que entienden las características del delito económico, donde no hay testigos ni pruebas directas, donde aparecen sociedades interpuestas y todo un mecanismo cada vez más sofisticado para enmascarar las operaciones económicas. Hay que saber trabajar con pruebas indiciarias y eso exige del juez una disposición especial para investigar con ayuda de expertos".

Canarias ha saltado a la palestra con tres casos de corrupción, el del municipio de Telde, el de los Parques Eólicos (ambos que afectan al PP) y una primera querella sobre venta de terrenos de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, donde pueden estar implicados ediles del PP, del PSOE y de Coalición Canaria. Detrás de dos de estos casos están un fiscal, Luis del Río, y dos jueces, Miguel Ángel Parramón y Javier García. No tienen las mismas afinidades ideológicas, pero sí una idea muy precisa y coincidente de cómo perseguir el delito económico usando todos los mecanismos de la investigación. No les ha temblado el pulso para enviar a alcaldes a prisión o para investigar la actuación de partidos políticos. En Canarias, la actividad de los jueces reviste una mayor transparencia que en otros lugares. No se esconden de nadie y la política del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es la de ofrecer la mayor información posible a los medios de comunicación sin poner en riesgo la instrucción judicial.

El fiscal Luis del Río es un hombre de 43 años originario de Las Palmas, casado y con una hija. Con 22 años era funcionario de justicia y luego ingresó en la carrera fiscal. De sus comienzos recuerda una sentencia a un padre por abuso a tres menores y una especialización en siniestralidad laboral. Intervino en un caso sonado en Canarias a consecuencia del fallecimiento de un trabajador: se pudo sancionar a unos empresarios que omitieron las necesarias medidas de seguridad. Luis del Río aprovecha el tiempo libre para escribir artículos de doctrina jurídica. Hace algo de deporte, es aficionado de la Unión Deportiva las Palmas y se refugia en la lectura para evitar la contaminación por el revuelo ocasionado por los últimos escándalos. Toma alguna precaución más: en su vida social se cuida mucho de aceptar ciertas invitaciones para evitar situaciones incómodas.

El catalán Miguel Ángel Parramón es el juez del caso Parques Eólicos, un hombre de case media, nacido en 1960, de padres carniceros, que alternó sus estudios con el trabajo en el negocio familiar. Natural de Barcelona, se formó primero como secretario judicial. Tras tres años de experiencia en Sant Boix del Llobregat, ascendió a Magistrado. Fue destinado a Las Palmas, donde reside desde hace 14 años. Es un hombre abierto, casado dos veces y divorciado otras tantas. No es extraño que afirme, con gran sentido del humor, que sus dos hobbies son el deporte y las chicas. Ha practicado el squash, es culé futbolísticamente hablando y es un lector consumado de novela negra. Adquirió cierto protagonismo hace unos años por el caso de la mujer descuartizada, un caso que tardó en resolverse ocho años pero que terminó con la condena de las tres personas que participaron en su muerte y abandonaron sus restos en un contenedor.

Javier García es también de la cosecha del 60, natural de Alicante, pero residente en Madrid durante largos años, donde ejerció como profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y en el Colegio Luis Vives. En un momento dado cambió la docencia por la condición de fiscal sustituto, hasta que aprovechó la ocasión de ser magistrado. Durante tres años trabajó en la Fiscalía de Menores, una experiencia que le ha marcado y que le resultó especialmente interesante por su faceta educativa y la necesidad de utilizar expertos en psicología y pedagogía. Después de un tránsito en Móstoles, consiguió un destino en Las Palmas, donde se siente extraordinariamente integrado. Ha sido practicante de lucha libre y lucha grecorromana, deportes que ha cambiado por el judo, que practica junto a sus hijos en una región especialmente rica en luchadores.

Casi dos semanas antes de que Javier García tomara la decisión de detener al alcalde de la localidad de Telde junto a seis concejales, Agustín Carretero, titular del juzgado número 2 de Valdemoro, enviaba a la cárcel al alcalde de Ciempozuelos, Pedro Torrejón y al ex alcalde de la misma localidad, Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE. La biografía de Carretero, valenciano de 41 años, se diferencia de sus colegas de Canarias en un punto: a él la vocación le viene de tradición familiar. Agustín Carretero es hijo, hermano y sobrino de jueces. No presume de ello, pero, según fuentes de su entorno, se siente "muy orgulloso" de su apellido.

Su padre, Adolfo Carretero, un hombre muy respetado en la carrera, alcanzó la cúspide la pirámide judicial y llegó a ser presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, cargo al que accedió elegido por sus propios compañeros. Su tío, Antonio Carretero, fue magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Su hermano Adolfo es magistrado en Madrid y otro hermano, Santiago, es profesor universitario de teoría general del Derecho.

Durante la instrucción del caso, ha destacado por su total hermetismo. No le tembló el puso para ordenar el ingreso en prisión de un alcalde a quien conocía de reuniones institucionales en Ciempozuelos. Casado y padre de dos hijas, Agustín Carretero es juez desde 1999. Entre 1994 y 1997 fue letrado del Tribunal Supremo. Las oposiciones como secretario de la Administración de Justicia las aprobó hace casi 17 años.

Su primer destino como juez fue Almadén (Ciudad Real). Los mineros de esta localidad aun recuerdan su labor de mediación cuando 300 de ellos, abocados al despido por la crisis de la minería, interpusieron un pleito contra el Gobierno para reclamar la hectárea de terrenos que legalmente correspondía a cada uno de ellos por su condición de empleados de la firma Minas de Almadén y Arrayanes, de titularidad pública. Carretero, que adivinaba un juicio imposible con 300 demandantes, medió en el conflicto con el Gobierno y logró que los afectados retiraran o no interpusieran sus demandas a cambio de indemnizaciones individuales de 3.000 euros por parte del Gobierno.

El penúltimo escándalo ha saltado en el municipio mallorquín de Andratx. Penúltimo porque la Fiscalía Anticorrupción reconoce que se están investigando al menos una decena de ayuntamientos, sin contar con diligencias abiertas en las delegaciones provinciales. Los municipios de Marbella, Manilva, Telde, Camas, Seseña, Ciempozuelos, Calviá, Andratx y Santa Cruz de Tenerife están en la lista. A ellos se les puede unir otros tantos municipios cuyas diligencias están declaradas secretas en estos momentos.

El caso Andratx ha puesto en evidencia la presunta relación de un consejero de Interior del Gobierno autonómico del Partido Popular, sospechoso de haber avisado al alcalde de dicha localidad de que su detención estaba próxima. El juez responsable del caso es Álvaro Latorre López, un hombre con experiencia en juzgados de menores y en la Audiencia Provincial de Navarra. Latorre tiene un perfil moderado y un prestigio de juez competente. Practica el tenis y la natación. No dudó en ordenar la intervención telefónica del consejero de Interior.

Su trabajo ha sido arropado por la actuación de dos fiscales deportistas. Uno es Juan Carrau, fiscal anticorrupción, protagonista en su día del caso Sóller que forzó la dimisión del presidente del Gobierno balear, Gabriel Cañellas. Carrau ha sido especialmente combativo con algunas redes de narcotraficantes. Acude a los juzgados en moto, aunque ha sumado miles de kilómetros en bicicleta durante sus viajes por países lejanos. Se le considera un hombre minucioso e incansable. "Es una hormiguita", sostienen los colegas. La investigación de Carrau ha tenido el auxilio de otro fiscal, caso de Adrián Salazar, fiscal de medio ambiente, vasco de origen y una curiosa mezcla de excursionista y alpinista. Cuando estalló el caso Andratx, que hubo de adelantarse una semana por la sospecha de que había existido un soplo, Salazar se encontraba en Uganda ascendiendo montañas.

No todos son jueces o fiscales herméticos (quizás en este caso se lleve la palma Miguel Ángel Torres) y no todos son consumados deportistas. Tampoco están ideológicamente del mismo lado. Pero los asuntos que han investigado han tenido un desarrollo muy parejo: si detrás de una instrucción sobre un delito de corrupción no hay una investigación policial en toda regla y no se procede a un estudio patrimonial en condiciones, el caso difícilmente sigue adelante. La sociedad ha podido conocer el contenido de ciertas conversaciones, el enriquecimiento ilícito de ciertos personajes y el modus operandi de ciertas decisiones arbitrarias tomadas desde cargos públicos. Junto a estos hechos aparece una maraña de sociedades, asesores, empresarios y funcionarios corruptos que intervienen en este tipo de delitos. Se ha tratado de investigaciones complejas, sujetas a una gran presión, que han necesitado del auxilio de especialistas. No es de extrañar que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado el auxilio de expertos en urbanismo para avanzar en los casos abiertos. "El juez Torres ha logrado poner a los técnicos de la Agencia Tributaria al servicio de la investigación policial y esa ha sido una iniciativa muy importante para poder llevar adelante un caso de esta naturaleza", comentaba un alto cargo policial.

La corrupción es el delito de moda. Pero hay que tener en cuenta que es un delito rodeado de complejidades: no deja huellas dactilares ni restos de ADN. Y no abundan los testigos oculares.