El Síndic apunta un 'agujero' de 1.271 en las cuentas del Consell de 2005

El Consell liquidó el presupuesto ordinario de la Generalitat para 2005 con un déficit de 91 millones de euros. Más aún, el funcionamiento ordinario de los departamentos del Consell arrojó un saldo positivo de 148 millones de euros. Pero la pretensión de Gerardo Camps, consejero de Hacienda, de deshacerse de las mochilas que arrastra de ejercicios pasados no pasa desapercibida a la Sindicatura de Comptes. Las obligaciones no reconocidas, facturas en el cajón, por un lado, que ascienden a 1.129 millones de euros; y los derechos pendientes de cobro, por otro, de los que al menos 686 millones superan la calificación de dudoso cobro, vician por completo la liquidación oficial.

El informe reitera que deben sanearse 686 millones de euros pendientes de cobro

Gerardo Camps ya ha anunciado que pretende sacudirse de encima la mochila que arrastra la Hacienda valenciana en el área de Sanidad con un fórmula que le permita dilatar en 25 años el pago de los "mil millones de euros" que le reclaman diversos acreedores, algunos desde hace años. Los mil millones en cuestión ascendían a finales de 2005 a 1.129, según el informe de la Sindicatura. Sanidad se sacudió 377 millones de euros pendientes de ejercicios anteriores a lo largo de 2005, pero a costa de acumular otros 266 millones de euros en facturas no reconocidas, es decir, obligaciones de pago cuya liquidación desbordaba los ingresos presupuestarios y que, de acuerdo con la técnica presupuestaria, sólo cabe ocultar en un cajón. Si a finales de 2004 se acumulaban en los cajones de Sanidad 1.240 millones en facturas pendientes, un año después, la factura era de 1.129 millones.

Pero si los gastos, esencialmente en el área de Sanidad, desbordan los ingresos previstos, los propios ingresos se mantienen artificialmente hinchados. La Sindicatura de Comptes reitera desde hace años que el Consell debería revisar con lupa los ingresos pendientes de cobro de ejercicios pasados para comprobar su efectividad. Los sucesivos informes del órgano fiscalizador apuntan esencialmente a un paquete de 686,2 millones de euros que en las sucesivas liquidaciones presupuestarias aparecen consignados como "derechos definidos" y pendientes de cobro. Tales derechos se arrastran de ejercicios anteriores a 2001 y responden a una figura que impulsó Aurelio Martínez, el último consejero de Hacienda socialista, en 1994, para expresar su desacuerdo con las aportaciones del Estado a la Comunidad Valenciana.

Los derechos definidos sólo han tenido vigencia durante unos años en la Comunidad Valenciana como arma de presión política, pero mantenerlos vivos en los sucesivos presupuestos como si sustentaran un ingreso pendiente es una práctica que la Sindicatura condena desde hace años.

En 2005, la Sindicatura reconoce el esfuerzo del Consell para dotar 23,5 millones de euros la denominada provisión de insolvencias. Pero esa cantidad está muy lejos de las recomendaciones del órgano fiscalizador.

Dadas las circunstancias, la Sindicatura ofrece como parte de la cuenta general un cuadro que recoge el "remanente de tesorería al cierre del ejercicio, como resultado neto de la diferencia entre los fondos líquidos y derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago". El saldo neto correspondiente a 2005 es negativo por un importe total de 608 millones de euros.

Y el propio informe alerta sobre "aspectos significativos que afectan al cálculo del remanente de tesorería", entre los que destacan los derechos definidos.

La anulación de tales ingresos de sudoso cobro elevaría el saldo negativo del remanente de tesorería a 1.271 millones de euros y cargaría un poco más esa mochila que arrastra con notable disgusto el consejero de Hacienda.