Un colegio tendrá que pagar 12.000 euros a una menor acosada por sus compañeros

Un juzgado de Écija (Sevilla) ha condenado a un colegio concertado de esta localidad a indemnizar con 12.000 euros a una menor que durante tres cursos soportó agresiones psicológicas "reiteradas y constantes" por parte de sus compañeros de clase. La sentencia establece una relación directa entre los padecimientos de la joven (depresiones, insomnio y vómitos, entre otros) y la falta de diligencia del centro para evitar el acoso al que estaba sometida. Por otra parte, la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido un decreto para informar a sus fiscales provinciales de que las agresiones graves a docentes deben tramitarse preferiblemente como delito, y no como falta.

El calvario de E. T., que hoy tiene 17 años, empezó en el curso 2002/2003, después de que la joven y su familia hubieran regresado a Écija tras pasar varios años en Cataluña. E. T. llegó con un acento distinto al del resto de sus compañeros de 2º de ESO, que vieron en esta diferencia la excusa perfecta para insultarle. "Catalana de mierda", "marginada", "hija de puta" fueron algunos de los calificativos que, según la juez, soportó la menor entre 2002 y 2005.

Además de insultos, E. T. sufrió sustracciones de material escolar, empujones, amenazas de daños, exclusiones y un amplio catálogo de vejaciones, como una persecución por el centro con un mechero encendido. Según la sentencia, "no puede compartirse la tesis de la defensa sobre la existencia de meros incidentes aislados" porque las acciones que soportó la menor eran "reiteradas y constantes", lo que le causó "un sufrimiento que la víctima no tiene la obligación de soportar y que los encargados del cuidado y vigilancia de menores deben compeler y combatir". La sentencia, que rebaja en 6.000 euros (de 18.000 a 12.000) la petición de indemnización del abogado de la joven, es recurrible ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

Juicio al centro

Aunque podían haber denunciado a los agresores, los padres de la joven decidieron llevar a los tribunales sólo al centro. En el juicio por la vía civil que se ha celebrado en Écija declararon la dirección del centro, varios profesores, psicólogos y peritos, que acreditaron, según la juez, que E. T. presentaba "un alto grado de ansiedad [...] con tendencia al llanto, impotencia y desánimo". El listado de padecimientos que sufrió la menor incluye, según su abogado, Fernando Osuna, depresiones, nerviosismo, angustia, temblores, insomnio, obesidad, dolores de estómago, miedos y vómitos que se hicieron casi diarios a la vuelta de clase.

La sentencia reconoce que el centro adoptó medidas para intentar frenar el acoso, en el que participaban de forma habitual un grupo de entre 12 y 14 compañeros de la joven. Uno de ellos fue expulsado temporalmente del colegio y los padres de los supuestos agresores fueron convocados por la dirección para informarles de lo que estaba sucediendo. Pero el acoso continuó, por lo que la juez considera que las medidas adoptadas por el colegio "no fueron suficientes para evitar que la menor siguiera padeciendo las agresiones psicológicas de sus compañeros de clase".

El acoso y el daño psíquico que le produjo fueron también las causas, según el abogado, de que E. T. decidiera tirar la toalla y dejar los estudios en 4º de ESO. Hoy trabaja en una peluquería. "Allí es feliz y le han desaparecido los problemas", cuenta el letrado.

El incremento de denuncias por violencia en las aulas es una de las razones que han llevado a la Fiscalía del TSJA a ordenar a sus fiscales provinciales que las agresiones e intimidaciones graves contra profesores se tramiten preferiblemente como un delito de atentado contra la autoridad y no como una falta, como venía haciéndose en la mayoría de los casos hasta ahora.

Un decreto al que ha tenido acceso EL PAÍS, dictado el pasado cuatro de diciembre, hace oficial la postura que acordó a principios de noviembre el fiscal general andaluz, Jesús García Calderón, con el sindicato CC OO. Este acuerdo coincidió casi en el tiempo con una propuesta similar de la Fiscalía General de Justicia de Cataluña. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se mostró a favor de estas recomendaciones.

Las fiscalías de varias provincias andaluzas ya han calificado como delito varios casos de agresiones graves a docentes, No obstante, el fiscal general andaluz se comprometió a extender esta recomendación a los fiscales de toda Andalucía en una junta que debía haberse celebrado a mediados de este mes. La reunión ha tenido que ser pospuesta por problemas de agenda, por lo que la Fiscalía Superior ha preferido dictar un decreto para no demorar más la unificación de criterios.

El texto, firmado por el fiscal José Rogelio Muñoz Oya, establece también directrices sobre uno de los aspectos más problemáticos de la aplicación del Código Penal en las agresiones contra docentes, ya sea por parte de alumnos como de padres: el delito contra la autoridad (artículo 550 del Código Penal) ampara sólo a los funcionarios públicos, por lo que los docentes de centros concertados o privados podrían tener dificultades para acogerse a él.

La Fiscalía andaluza "defiende" la idea de que todos, incluidos los interinos y los contratados laboralmente, "tienen la consideración de funcionario público", dado que "lo que delimita tal concepto, independientemente de la forma de acceso a tal condición, es el ejercicio de la función pública".