El Gobierno aprueba otra vez el traslado de la CMT a Barcelona

A la segunda va la vencida. El Gobierno aprobó ayer un real decreto para el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona. En el mismo se subsanan los defectos formales que llevaron al Tribunal Supremo a anular el decreto de 2004 que acordó el traslado por primera vez. Industria cifra el coste de la medida en 600.000 euros en 2006 y 95.000 en 2007.

La sede del máximo organismo regulador de las telecomunicaciones no se moverá de Barcelona. El Ministerio de Industria ha hecho los deberes para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de noviembre en la que se anulaba el traslado a la capital catalana de la sede de la CMT decretado el 30 de diciembre de 2004. El Gobierno aprobó ayer un nuevo decreto para corregir los defectos formales observados por el tribunal que consistían fundamentalmente en la falta de datos contenidos en una memoria explicativa y en la memoria económica sobre el coste del traslado.

El nuevo real decreto explica que con la medida del traslado de la CMT a Barcelona se da cumplimiento a la moción del Congreso de los Diputados sobre localización de sedes de organismos reguladores, una medida está en línea con la práctica seguida por los países de la Unión Europea. Añade que esta práctica es más amplia en estados descentralizados como la Alemania o con gran tradición de desconcentración como el Reino Unido. También justifica la medida en que las nuevas tecnologías "permiten la ubicación de sedes de organismos de manera desconcentrada sin que afecte a sus niveles de eficacia".

Industria hace hincapié en que la CMT ha dado respuesta a todos sus compromisos reguladores en su sede de Barcelona y que el traslado no ha supuesto perjuicio alguno para el sector.

Coste de la medida

Asimismo, el ministerio que dirige Joan Clos indica que cuando se acordó el traslado por primera vez no era posible concretar el coste de la medida debido a que dependía de una negociación futura (fundamentalmente con los trabajadores).

En la memoria que acompaña el real decreto aprobado ayer se cifran los gastos no consolidables del traslado en 2006 en 600.000 euros y en 95.000 para 2007. En estos gastos no están incluídos los gastos de funcionamiento de la CMT.

Industria recalcó ayer que, aunque el anterior real decreto de 2004 fue anulado por dos sentencias del Tribunal Supremo, ambas contaban con 12 votos particulares que apoyaban el procedimiento por el que se realizó el traslado.

También señala que la justificación de la medida contenida en la documentación que acompañaba al real decreto anulado recoge el formato y elementos típicos similares a los utilizados habitualmente para justificar este tipo de normas que no afectan a derechos o deberes de los ciudadanos.

Con el decreto de ayer se da carpetazo a una polémica que desató una tormenta política y un conflicto institucional que desembocó en la dimisión forzada del anterior presidente de la CMT, Carlos Bustelo.