Villepin declara durante 12 horas ante los jueces del 'caso Clearstream'

El primer ministro francés, Dominique de Villepin, proseguía ayer a última hora de la tarde su maratoniana declaración en la Audiencia de París ante los jueces Henry Pons y Jean-Marie d'Huy, que investigan el caso Clearstream. El jefe del Gobierno comparecía en calidad de simple testigo, una decisión de los magistrados que a priori descarta la posibilidad de que sea imputado en este proceso sobre falsos casos de corrupción y comisiones ilegales que ha salpicado a la cúpula del poder político francés, incluido el presidente Jacques Chirac, y cuyo objetivo era torpedear la carrera política del ministro del Interior y virtual candidato conservador a la presidencia, Nicolas Sarkozy.

La comitiva del primer ministro llegó a las puertas de la audiencia poco antes de las nueve de la mañana. Villepin no respondió a las preguntas de los periodistas que le esperaban en la calle. A las dos, el tribunal anunció una pausa para la comida. La sesión se reanudó una hora más tarde. Se trata de la segunda vez que un jefe del Gobierno en ejercicio es llamado a declarar ante la justicia. Lionel Jospin debió testificar en 1992 por el asunto de la financiación ilegal del Partido Socialista. El primer ministro había anunciado una declaración al acabar su testimonio y antes de partir hacia la isla de la Martinica, en el Caribe, para pasar unas cortas vacaciones.

Nada había trascendido sobre su declaración en torno al caso Clearstream, un auténtico culebrón, mitad novela de espionaje, mitad intriga palaciega, que nace de una lista, manipulada y falsificada, de cuentas corrientes de la sociedad financiera luxemburguesa de este nombre, a las que habrían llegado comisiones millonarias procedentes del escándalo de la venta de varias fragatas de la empresa Thompson a Taiwan a principios de la década pasada. Entre los miles de nombres figuraban cuatro ex ministros: Jean Pierre Chevènement, Alain Madelin, Dominique Strauss-Khan y Laurent Fabius, además de banqueros, militares, empresarios y rivales en la lucha por EADS. Y también Stephane Bocsa y Paul de Nagy; el nombre completo del ministro del Interior es Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy Bocsa.

Los listados llegaron a manos de Villepin a principios de 2004, cuando ocupaba la cartera de Exteriores. Y en lugar de avisar a Sarkozy, titular de Interior en aquel momento, ordenó al general de los servicios secretos Philippe Rondot que investigara el asunto. De ahí las sospechas de que pretendía con ello destruir la carrera política de su principal rival para suceder a Chirac. El asunto salió a flote a finales del pasado mes de abril, cuando el diario Le Monde publicó las declaraciones a los jueces del general Rondot en las que aseguraba que Villepin, siguiendo órdenes de Chirac, le dio instrucciones para involucrar a Sarkozy en el caso Clearstream. Chirac lo negó "categóricamente".

Hace un mes, cuando todavía no sabía si debería declarar en condición de testigo o de imputado, Villepin reconoció que en enero de 2004 pidió a Rondot que verificara las informaciones sobre las citadas cuentas de Clearstream. Pero añadía: "Nunca solicité una investigación ni informe alguno me fue remitido. Sólo volví a ver al general siete meses más tarde".

Por el momento, hay tres imputados en la causa. El periodista Denis Robert, autor de un libro sobre la sociedad luxemburguesa y supuestamente quien pone en circulación las listas; el informático Imad Lahud, el presunto falsificador de los listados, y el ya ex vicepresidente del consorcio aeronáutico EADS Jean-Louis Gergorin, que los entrega a la prensa y a los jueces. Lo que interesa a los jueces es esclarecer exactamente qué conocía Villepin cuando, sin que fuera un asunto de su incumbencia, ordenó una investigación sin comunicarlo ni al Ministerio del Interior ni al de Defensa.