El Congreso aprueba el Estatuto balear pactado por PP y PSOE

El pacto entre PP y PSOE sobre el Estatuto de Baleares se ha mantenido incólume, como anoche se vio cuando unieron sus votos para aprobar en el Congreso la reforma del texto, en la seguridad de que no sufrirá cambios en el Senado. Baleares tendrá un nuevo modelo de financiación y una carta de derechos sociales en línea con los estatutos aprobados ya por las Cámaras. En el último pleno del año se aprobó un amplio paquete de leyes sociales

La durísima controversia que viven socialistas y populares en la comunidad autónoma de Baleares, a propósito de los presuntos casos de corrupción que afectan a cargos del PP de las islas no ha entorpecido el pacto al que llegaron ambas fuerzas políticas en su Parlamento y que se ha mantenido en el Congreso de los Diputados. Las modificaciones que ha sufrido el texto en la Comisión Constitucional del Congreso han continuado de la mano de ambas fuerzas políticas. El consenso absoluto se plasmó ayer en la votación final del Estatuto, que ahora pasa al Senado. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió al Congreso para votar este Estatuto y rubricar con su aplauso, junto al resto de la Cámara, el escrutinio: 295 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones, de IU y ERC.

Los oradores que defendieron el proyecto, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el portavoz del grupo socialista, Francesc Antich, y la diputada del PP María Salom, resaltaron las novedades del Estatuto que sitúa a esta "nacionalidad histórica" en una mejor situación política, económica y social, al reconocer su "hecho insular", con una repercusión financiera notable, y la creación del Consejo Insular de Formentera, ya distinto de Ibiza, junto a los de Mallorca y Menorca. Asimismo, los Consejos tendrán lista electoral propia diferente de la del Parlamento. La lengua de Baleares es el catalán en cooficialidad con el castellano, y se reseña que, además, hay cuatro "modalidades lingüísticas", en referencia a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Críticas al Gobierno

"Cuando se respeta la Constitución, el PP no tiene problema alguno para aprobar la reforma de los Estatutos", dijo Salom en una alocución en la que discurrían paralelas la defensa del Estatuto y las críticas al Gobierno de España por su política territorial. "Formentera es ya una isla de primera al tener identidad propia", dijo Salom, para quien el Estatuto dota a las islas de "estabilidad institucional". Su partido, el PP, que gobierna Baleares, tiene en cuenta "las realidades" y rechaza "toda ensoñación totalitaria".

El representante del PSOE, Francesc Antich, no respondió a esas críticas toda vez que su objetivo era "hablar de Baleares y su Estatuto", y valorar la realidad del acuerdo. Antich, candidato socialista a la presidencia de Baleares, se felicitó de que el archipiélago sea una "comunidad autónoma de primera".

Lo cierto es que este Estatuto recoge la doctrina de los anteriores, el último, el andaluz. Así, en el título de derechos casi aparecen calcados los referidos a una muerte digna y sin dolor, así como toda una carta de derechos sociales que ya figura en las demás reformas, siempre consensuadas por el PP y el PSOE con la excepción del catalán. Jordi Xuclà, de CiU, se congratuló de la marcha que lleva la "segunda ola de reformas estatutarias".

El escollo para el acuerdo estuvo precisamente en el modelo de financiación y, tras discutir diferentes fórmulas, se aprobó que una ley de las Cortes definirá el régimen especial "que reconocerá el hecho específico y diferencial de su insularidad". Ahora bien, hasta que llegue la ley, y en un plazo no superior a siete años, el Gobierno central realizará inversiones en las islas que correspondan a la media per cápita que invierta el Estado en las comunidades autónomas de régimen común. Algunos cálculos apuntan a más de 2.500 millones de euros a lo largo de esos siete años. El acuerdo resulta a todas luces ventajoso para Baleares toda vez que la inversión hasta ahora siempre ha ido por debajo de esa renta media. La inversión del Estado será singularmente en transportes, infraestructuras, telecomunicaciones, energía, medioambiente, turismo y pesca.