"La huelga ha sido diseñada para hacer el mayor daño posible a los ciudadanos"

El viceconsejero de Justicia, Josu Sagasti (Erandio, 1964), el principal negociador del departamento en el conflicto abierto con los sindicatos desde el pasado 24 de octubre, asegura que la solución a la huelga indefinida está en la propuesta que el consejero, Joseba Azkarraga, planteó a las centrales el pasado 17 de noviembre. En su opinión, la protesta ha sido diseñada para hacer "el mayor daño posible" a los ciudadanos y no va a detener los planes del departamento.

Pregunta. Los sindicatos critican que el Gobierno se ha encastillado en este conflicto.

Respuesta. Mantenemos contactos continuos con los sindicatos. No estamos aislados. El pasado jueves, estuve hablando con todas las centrales. Hay dos posturas en las que en su día ya coincidimos con los sindicatos. Entendemos que con el 6,5% de incremento salarial ya estarían equiparados a los niveles mínimos. En el cuerpo de Auxilio Judicial estaríamos entre los niveles 14 y 15, más que el mínimo. En el de Tramitadores estaríamos entre los niveles 16 y 17, por encima del mínimo y en el de Gestión estaríamos en el 19 y el mínimo es el 18. También acordamos que cualquier retribución superior depende de la valoración de puestos de trabajo, un proceso pendiente de valoración, cuyas pautas ofrecimos pactar a los sindicatos.

"Estamos preocupados por las consecuencias de la huelga, pero tenemos las competencias limitadas"

"Sería desagradable que esto finalizara sin acuerdo. Dicho eso, lo que no podemos hacer es abdicar de las responsabilidades atribuidas"

P. Los sindicatos ya han rechazado esa propuesta y la han calificado de "trampa". Calculan que esa equiparación solo llegaría con 21 años de antigüedad.

R. La mención a los 21 años se hace pensando en el empleo de los trienios, pero tampoco es cierto. Hay funcionarios que ya están a ese nivel de equiparación.

P. Los sindicatos han rebajado su petición de subida salarial del 12% al 10,5%.

R. Hay que tener muy claro lo que no se dice. Esa propuesta excluye la valoración de la relación de puestos de trabajo y la implantación de la oficina judicial. Los sindicatos no han flexibilizado su propuesta, la han ajustado.

P. Ustedes no se han movido de la propuesta del 6,5%.

R. Pero porque es un todo. No podemos firmar un 10,5% si excluye lo que he dicho, porque en dos meses tenemos otro conflicto por la valoración de puestos, y después por la oficina judicial. Sin esos dos elementos, la propuesta no tiene sentido.

P. ¿El Gobierno tiene margen aún para una subida salarial?

R. No. La propuesta del 17 de noviembre es un todo. Las subidas a partir del 6,5% tienen que depender de la valoración de los puestos de trabajo.

P. No parece fácil el acuerdo. ¿Contempla que la huelga pueda acabar por cansancio?

R. No sería ni solución ni resultado aceptable. No creemos en vencedores ni vencidos. Al Gobierno no le gustaría eso. Por eso les he planteado a los sindicatos que lleguemos a una vía sobre esos dos puntales: 6,5% y valoración de puestos.

P. Los abogados han llegado a proponer una mediación.

R. No es de recibo que unos profesionales del derecho pidan al Gobierno que abdique de sus responsabilidades. La fijación de las líneas políticas, la determinación de los fines políticos y la dirección de los recursos son funciones del Gobierno. La ley nos obliga a gestionar los servicios públicos y no podemos abdicar de esa responsabilidad.

P. ¿Qué le recomienda al justiciable, que es finalmente quien paga la huelga?

R. El departamento tiene las competencias que tiene. Y quien suspende los juicios no es el Gobierno. Los funcionarios siguen dependiendo de otra Administración. Estamos preocupados por las consecuencias de la huelga, pero tenemos las competencias limitadas.

P. No me diga que no tiene que ver con la huelga. Eso sí que es eludir responsabilidades.

R. No estoy eludiendo nada, pero cuando hablamos de responsabilidades hay que ser conscientes de que la huelga está planteada para provocar el mayor perjuicio para la ciudadanía con el menor coste posible para los funcionarios, es decir de martes a jueves, cuando hay señalamientos. Ha sido diseñada para hacer el mayor daño posible a los ciudadanos. Los huelguistas recuperan el tiempo, pero los ciudadanos pagan los aplazamientos.

P. Sospecha que la huelga fue diseñada pensando en un conflicto largo.

R. Nos sorprendió que no prosperara la propuesta del 6,5% y el resto de subidas de sueldos a través de la RPT [relación de puestos de trabajo]. No lo entendimos. Los sindicatos dicen que se merecen unos niveles retributivos determinados. ¿Por qué se lo merecen? Hace dos años se contentaban con menos.

P. Está claro que no acepta la equiparación, salvo a través de la valoración de puestos de trabajo.

R. Entiendo que de otra manera no puede ser.

P. Otras consejerías, del PSE y de EA, su propio partido, ya asumieron la equiparación.

R. Pero no sin matices. En ambos casos se señalaba que la equiparación se debía de dar en "paridad de condiciones".

P. Los sindicatos no vinculan la mayor parte de la subida salarial a la valoración de puestos.

R. Pero lo dicen los acuerdos.

P. ¿No le parece interpretable?

R. Lo que no es interpretable son los niveles retributivos mínimos que ellos plantean. ¿Por qué son esos? Así no dejan nada a los criterios de valoración. Es temerario contar sólo una parte.

P. ¿Se atrevería a afrontar la modernización de la Administración o los planes lingüísticos de Justicia si no hay acuerdo?

R. La modernización de la oficina judicial y los planes lingüísticos los vamos a llevar adelante. Sería desagradable que esto finalizara sin acuerdo. Pero, dicho eso, lo que no podemos hacer es abdicar de las responsabilidades atribuidas.

P. ¿Entiende como una crítica velada que los jueces digan que no pueden suspender los juicios con antelación porque los servicios mínimos no se han vinculado a los cuerpos judiciales?

R. Hemos hecho una previsión de servicios mínimos que rota a funcionarios. Hay jueces que entienden que un funcionario ha de estar vinculado a una función y no a otra. Al Gobierno no le consta. Se trata de una práctica sin amparo en ninguna normativa.