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El Senado aprueba con un apoyo rotundo la reforma del Estatuto de Andalucía

Las comparaciones con el proyecto catalán centran el último trámite del texto en el Senado

Pablo Ximénez de Sandoval

El pleno del Senado aprobó ayer, por 242 votos a favor, una abstención (BNG) y ningún voto en contra, el proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía, que deberá ser ahora ratificado en referéndum antes de entrar en vigor. Dos sombras planearon sobre el pleno: el Estatuto catalán y la desgracia de los aficionados del Recreativo de Huelva. En la tribuna de invitados, repitiendo la liturgia por la que ya han pasado los parlamentarios catalanes y valencianos, se encontraba el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, junto a la delegación del Parlamento andaluz.

Durante buena parte de la sesión, hubo más sillas vacías en el pleno que en la tribuna, aunque la condición de mera formalidad que se le ha dado al trámite de los Estatutos en el Senado no restó solemnidad al debate. En representación del Gobierno, asistieron el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y las dos ministras andaluzas, Magdalena Álvarez y Carmen Calvo.

En el debate, a pesar de reiterados homenajes al consenso entre los dos grandes partidos que ha hecho posible la casi unanimidad en las Cortes, nadie pudo sustraerse a la cuestión de si el proyecto es o no una traslación de los nuevos límites autonómicos marcados por el Estatuto de Cataluña. Los portavoces de los dos grupos catalanes, y el PP con especial reiteración, hicieron referencia a este asunto.

Jordi Casas, de CiU, dijo esperar que la reforma no se haga "mirando de reojo, haciendo comparaciones". Algunos de los artículos son "idénticos" al texto catalán, dijo, por lo que "al haberse establecido el consenso con el texto andaluz, es un buen momento para intentar dar por válido lo que refrendó el pueblo de Cataluña". Por parte de la Entesa (PSC, ERC e ICV), Ramón Aleu, consideró el proyecto andaluz como un avance hacia el modelo federal de España.

También el PP se vio en la necesidad de mencionar el texto catalán el día en que se aprobaba el de Andalucía. La senadora Soledad Becerril centró el acuerdo de su partido con el texto en el hecho de que se mencione expresamente la unidad de la nación española. Pero en la cuestión de financiación, dijo: "Se establece en función de la población. A mí me parece bien. Espero que a Solbes le cuadren las cuentas".

Becerril conectó quizá inconscientemente con una idea del ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall. "Este Estatuto es ajeno al victimismo de algunas comunidades autónomas", dijo. "Ahora, si hay algún problema, los responsables somos nosotros, no el Gobierno de la nación". Ante el Senado, durante la tramitación del texto catalán, Maragall afirmó: "Este Estatuto acaba con el victimismo en Cataluña".

Joan Lerma, portavoz del PSOE, eludió la cuestión catalana para destacar que el Estatuto de Andalucía es el único que ha sumado apoyos durante su tramitación, en vez de perderlos, y recordó que el proyecto comenzó en 2001. Lerma animó a los andaluces a votar la reforma: "Sabrán que no están solos, que con ellos vamos a votar todos los ciudadanos que estamos por un desarrollo igualitario" de España.

Javier Arenas, por su parte, dijo en los pasillos de la Cámara alta que el proyecto andaluz "no se parece en nada al de Cataluña". "Antes me ha dicho Josep Piqué", contó a modo de anécdota, "que si le hubieran ofrecido este Estatuto para Cataluña lo habría firmado sin problemas". Lo que empezó por una pregunta concreta derivó en discurso, en el que Arenas se preguntó "dónde está el prestigio de un Estatuto que ha tumbado un Gobierno", y terminó por asegurar que, si en la campaña del referéndum "se dice que es igual que el catalán, provocará abstención", avisó a los que quieran presentarlo como una equiparación de Andalucía a Cataluña.

Concluida su aprobación por las Cortes, el proyecto debe ser ratificado en referéndum por los andaluces. El presidente de la Junta indicó que aún no tiene fecha para la consulta, pero "mañana mismo" pedirá al presidente del Gobierno permiso para realizar la convocatoria. Arenas apostó porque los partidos expliquen el Estatuto en profundidad, y no se conformen con "un argumentario en dos folios" para pedir el voto a favor.

La desgracia de los aficionados del Recreativo de Huelva fallecidos en la madrugada de ayer de camino a Madrid en un accidente de tráfico hizo sombra a la jornada y obligó a suspender en señal de duelo las celebraciones protocolarias previstas.

Diferencias y semejanzas

La opinión más autorizada en el Senado sobre la constitucionalidad del Estatuto andaluz es el informe del letrado de la Comisión de Comunidades Autónomas sobre los proyectos que se estudian en la misma, y que detalla exhaustivamente los antecedentes, fundamentos jurídicos y corrección técnica de los textos. Éste es el tercer Estatuto que se tramita este año, y en esta ocasión el letrado lo compara punto por punto con los otros dos: el de Valencia, apoyado por PP y PSOE, y el de Cataluña, apoyado por PSOE y CiU, y recurrido ante el Constitucional por el PP.

El letrado asegura que, en materia de protección de los derechos, el Estatuto andaluz "se asemeja más al texto de Cataluña que al valenciano". Aparte de alertar sobre 53 errores gramaticales y 42 errores técnico-legislativos, el letrado destaca que el texto triplica en número de artículos (más de 250) al texto actual y a todos los demás Estatutos, y sólo es comparable en extensión al catalán. En el Preámbulo, destaca que la Constitución reconoce a "Andalucía", y no "la realidad nacional de Andalucía", y deja abierto el debate sobre su peso jurídico, como ya hizo en el catalán.

En cuanto al capítulo de derechos y libertades y de hacienda y financiación los considera prácticamente importados del texto catalán. En competencias, sin embargo, destaca las "matizaciones notables" del Estatuto andaluz. La Agencia Tributaria andaluza tendrá, dice, competencias "de profundidad sensiblemente mayor" que la catalana, "aunque no llegan tan lejos".

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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