Pierde el que antes se levante de la mesa

La jornada de lucha convocada hoy por la izquierda abertzale y la concentración organizada el pasado viernes en Bilbao ante la sede del PSOE por la plana mayor de la disuelta Batasuna responden al mismo objetivo: denunciar la "vía muerta" en que se encuentra el llamado proceso de paz y atribuir al Gobierno la entera responsabilidad de ese estancamiento. Según Otegi, el callejón sin salida al que han sido conducidos los contactos iniciados para alcanzar un final dialogado de la violencia se debe al incumplimiento por el Gobierno y su partido de los deberes de respeto, compromiso y confianza (cunde el ejemplo de los mantras de tres términos popularizados por Zapatero) entre los interlocutores. El mensaje subliminal de ese lamento victimista es una explosiva mezcla de chantaje e intimidación: si la kale borroka prosigue o ETA vuelve a matar, la culpa será del Gobierno, no de los matones o de los asesinos.

Para salir de la actual vía muerta, la solución propuesta por el brazo político de ETA es la aceptación previa por los socialistas vascos de una serie de condiciones de imposible cumplimiento en cualquier Estado de derecho. Así, los portavoces de Batasuna -una organización disuelta por una sentencia que dictó la Sala Especial del Supremo en marzo de 2003 al amparo de la Ley de Partidos de junio de 2002- continúan rechazando con gesto ofendido la sugerencia gubernamental de crear una nueva formación política cuyos estatutos y comportamiento se ajustasen a la normativa vigente, una iniciativa que les permitiría presentarse a las elecciones municipales y forales de mayo de 2007; los dirigentes de la izquierda abertzale, en cambio, exigen a las Cortes la derogación de la Ley de Partidos, con la amenaza alternativa de concurrir a las urnas bajo la cobertura de segundas marcas presuntamente limpias.

"Es evidente que en estos nueve meses -lamenta Otegi- la izquierda abertzale no ha sido respetada": la queja no se refiere a cuestiones de etiqueta sino a la continuidad de funcionamiento del Estado de derecho y a la falta de impunidad de los transgresores de las leyes. El respeto que los dirigentes de Batasuna añoran significaría la paralización de los procesos y de los juicios de los imputados de ETA y de su brazo político, el acercamiento de todos los presos a las cárceles del País Vasco, la tolerancia de las fuerzas de seguridad con las pandillas violentas de la kale borroka y la congelación de las actuaciones policiales que continúan siguiendo en España y en Francia las pistas de la reorganización de la banda terrorista puestas en evidencia con el robo de 350 pistolas a finales de octubre pasado.

El compromiso con los contenidos políticos de la negociación exigido también por Otegi implicaría que el Gobierno diese su conformidad a las reivindicaciones básicas de la banda terrorista antes de iniciar los contactos formales con ETA, que sólo después declararía el carácter irreversible de la tregua o quizá el abandono de las armas o tal vez su disolución. Lejos de preceder la paz a la política, como exige la resolución del Congreso de 2005, la secuencia sería la inversa: la mesa de partidos y sus conclusiones cocinadas con anterioridad constituirían la condición sine qua non para la posterior reunión de la mesa técnica entre el Gobierno y ETA. El precio político cobrado por Batasuna sería el reconocimiento de la unidad territorial de Euskal Herria y el derecho a la autodeterminación.

La confianza entre los interlocutores echada en falta por Otegi menciona la soga en casa del ahorcado. ETA ha roto siempre sus treguas; la reaparición de la kale borroka y el robo de armamento por la banda destruye o al menos debilita la credibilidad de las expectativas abiertas por la declaración del alto el fuego. El PP -cuya coincidencia con Batasuna a la hora de culpar al Gobierno por el eventual fracaso de la tregua resulta paradójica- exhorta a declarar oficialmente cerradas las conversaciones con la izquierda abertzale. Según los expertos en negociaciones, siempre pierde quien se levanta de la mesa; en este caso, además, esa decisión daría a ETA el pretexto para romper su alto el fuego y para responsabilizar al Gobierno de sus sangrientas consecuencias.