La querella por un 'pelotazo' en Santa Cruz alcanza a Coalición Canaria, PSOE y PP

La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer querella por prevaricación y malversación contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), tres concejales -incluidos los portavoces de PP y PSOE-, cinco técnicos municipales y dos empresarios. Los promotores compraron suelo por 30 millones de euros, revendieron un tercio al Ayuntamiento por 53 millones y se le recalificó el resto, que alcanzó un valor de 106 millones, lo que les dio un beneficio global de 129 millones. La denuncia resalta que buena parte del suelo comprado era público, y el resto, un acantilado.

Los 11 querellados son los siguientes: Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria); Manuel Parejo Alfonso, concejal de Urbanismo (Coalición Canaria); José Emilio García Gómez (portavoz del PP); Emilio José Fresco Rodríguez (portavoz del PSOE); José Eugenio de Zárate y Peraza de Ayala (secretario general del Ayuntamiento); José Luis Roca Girónes (Intervención del Ayuntamiento); Antonio Messía de Yraola (Intervención del Ayuntamiento); José Tomás Martín (gerente de Urbanismo); Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la gerencia municipal de Urbanismo); Ignacio González Martín (dueño de la promotora Inversiones Las Teresitas y consejero de Cajacanarias); y Antonio Plasencia Martín (copropietario de Inversiones Las Teresitas).

Que la querella salpique no sólo a los máximos gestores municipales del pelotazo desde el Ayuntamiento (el alcalde y su concejal de Urbanismo, de Coalición Canaria), sino a los portavoces de PP y PSOE, viene muy detallado. Frente a las críticas desde Coalición Canaria sobre la parcialidad de la fiscal del caso, su querella se dirige contra tres formaciones distintas. Zerolo, con su concejal de Urbanismo, y los portavoces de PP y PSOE, mantuvieron una reunión el 11 de enero de 2001 con los representantes de Inversiones Las Teresitas. De dicho encuentro se derivó un acuerdo de colaboración por el que la única forma de adquisición del frente de playa admitido por el Ayuntamiento sería la compensación mediante aprovechamientos urbanísticos.

Acuerdo olvidado

El Ayuntamiento, por tanto, nunca abonaría un euro. Tal acuerdo fue aprobado por el Pleno municipal el 19 de enero de 2001. Sin embargo, a partir de ahí la corporación municipal inició una serie de movimientos que culminaron en un convenio por el que compró por casi 53 millones los terrenos a Inversiones Las Teresitas que inicialmente iban ser adquiridos por meras compensaciones urbanísticas. Y además recalificó el resto de sus terrenos, lo que le dio otro pellizco de 106 millones de euros. Total, menos el precio de compra -30 millones -, 129 millones de beneficio. "El Ayuntamiento, de una forma totalmente consciente e inexplicable olvida sus actos, elimina el sistema de compensación de aprovechamientos que le facultaría para hacer frente al gasto de adquisición de las parcelas sin gasto alguno para su cuenta (mediante la simple reasignación de aprovechamientos) y afronta un gasto muy considerable sin que exista causa alguna que lo justifique", señala la querella. Por tanto, cuando el pleno del ayuntamiento aprueba el 23 de julio de 2001 tal convenio y lo votan a favor el alcalde, su concejal de Urbanismo, y los portavoces popular y socialista, todos ellos eran "perfectamente conocedores" del acuerdo alcanzado en enero de 2001 por el que se comprometieron a que el pago municipal de los terrenos se realizaría únicamente por compensación, nunca por dinero. Pero si la querella ya defiende que nunca debió pagarse con dinero, a renglón seguido dibuja todo un baile de tasaciones que sirvieron para justificar el pago del precio más alto posible. Así, los técnicos municipales orillaron el informe que la fiscal considera más completo de todos, obra de la arquitecta municipal. Esta funcionaria tasó el suelo que debía adquirir el Ayuntamiento en 19,3 millones de euros. El Ayuntamiento enterró dicho informe. También obvió una tasación privada que lo valoró en 46,9 millones. Prefirió la tasación privada más alta: 63,5 millones. Tal cifra salía precisamente de la tasadora que utilizó Cajacanarias para otorgar su crédito de 33,7 millones a Inversiones Las Teresitas para comprar la totalidad del terreno, no un tercio como el que ahora vendía. El pago final fue de 53 millones de euros, sin contar las plusvalías de los terrenos recalificados tras el frente de playa y que nunca se valoraron.

El crédito de Cajacanarias que inició en 1998 esta operación fue tan dudoso que el Banco de España cuestionó su seguridad: Inversiones Las Teresitas recibió 33,7 millones con sólo 180.000 euros de capital. Además, integraban el comité aprobador Zerolo y el dueño de la sociedad a través de testaferros, Ignacio González. Pese a tal generosidad -sólo debía pagar intereses hasta 2002-, en 2001 vivía una "absoluta angustia". Si hasta entonces tenía que pagar 1,8 millones anuales con nulos ingresos, en 2002 debía devolver además otros 4,8 anuales de principal. El Ayuntamiento le salvó. La querella cuestiona la legalidad de la compra por Inversiones Las Teresitas de los terrenos a la Junta de Compensación, sin competencias para ello.

Y denuncia que el Ayuntamiento compró un frente de playa que en gran parte ya era suyo. Tanto por cesiones gratuitas acordadas en 1988, como porque, según la Ley de Costas, "una tercera parte del suelo adquirido era y es de dominio público". Justo los terrenos llanos. Por tanto, "el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha satisfecho casi 53 millones de euros por 74.420 metros cuadrados de acantilado".