La nueva división de barrios

Lo mismo que hizo con la aprobación de la Ordenanza Cívica (de la que, por cierto, hasta hoy no se ha visto ninguna utilidad, teniendo en cuenta los acontecimientos diarios de la vida ciudadana), el Ayuntamiento de Barcelona, bajo la dirección del anterior alcalde, Joan Clos (parece que Jordi Hereu no es de la misma opinión), decidió poner en marcha un proyecto denominado "plan de barrios", que nadie pedía, que el movimiento vecinal consideraba innecesario y que está levantando ampollas en el movimiento asociativo.

Para poner en marcha el proyecto, el Ayuntamiento encargó a un grupo de 17 expertos de diversas disciplinas la elaboración de un documento que, con las premisas de más y mejor convivencia, participación y proximidad, pretende los loables objetivos de conseguir la mejora del espacio público, los servicios a las personas, la movilidad y accesibilidad, así como la reactivación económica de los barrios. Dicho proyecto habría de conseguir que gran cantidad de problemas de asistencia y la carencia de servicios que tenemos los barceloneses pasasen a solucionarse por la simple modificación de la división territorial de los barrios y la ampliación de estos a 73.

En un documento donde se dice que el eje principal es la participación ciudadana, ésta ha sido marginada

No deja de ser curioso que algunos de estos expertos hayan manifestado con claridad la inconveniencia del mismo, ya que creen (a mi entender con buena lógica) que el nacimiento de nuevos barrios y su área de influencia es algo que compete sólo a los ciudadanos de esos barrios y a su forma de asociarse. Otra cosa sería modificar el funcionamiento administrativo, de la forma en que el Ayuntamiento necesite dotarse, ámbito en el que es más que probable que encontrara escasa oposición vecinal.

También piensan estos expertos díscolos igual que pensamos la mayoría de los líderes vecinales y federaciones y entidades diversas, que dicho proyecto no deja de ser más que un brindis al sol. Y lo creemos porque en el documento no se articula ni una sola partida presupuestaria ni medida de previsión o planificación para llevar a cabo dicho proyecto y desplegar las formas de participación ciudadana que se pretende conseguir. Mucho nos tememos que no sea más que una artimaña para retrasar aún más la ejecución de los diferentes planes de equipamientos, de barrio, de distrito y de ciudad, planes que en muchos casos ni tan sólo están redactados, en otros llevan años de retraso o, lo que es peor, carecen de suelo público para desarrollarse. Unos equipamientos que, dicho sea de paso, son cada día más necesarios para ofrecer a nuestros conciudadanos y vecinos una calidad de vida y de servicios acorde con la de los países mas avanzados de la Unión Europea, de la que formamos parte.

Está claro que un proyecto como éste debería haber sido consensuado con las entidades vecinales, además de evaluar y tener en cuenta en su redacción toda la documentación e información emitidas por estas entidades en los últimos 40 años; pero, curiosamente, en un documento donde se dice que el eje principal del proyecto es la participación ciudadana, ésta ha sido marginada hasta que dicho documento ha tenido una redacción casi definitiva. Es más, cuando el documento ya ha sido aprobado en la mayoría de los distritos, con la intención de pasar a su aprobación definitiva el 22 de diciembre, ni tan siquiera se ha contestado a las alegaciones presentadas.

Las líneas divisorias (como no sean las de ámbito administrativo) implican modificar sentimientos de pertenencia y arraigo, tanto de entidades que llevan años trabajando juntas en proyectos sociales, lúdicos, educativos y sanitarios, como de personas. No es la Administración la que ha de modificarlas, sino la propia comunidad y los propios ciudadanos, mediante las diferentes formas de organización y debate.

Creo importante recordar que la modificación de unas líneas divisorias con muchos años (en algunos barrios siglos) de permanencia comporta una carga personal y emocional que en la mayoría de los casos, y éste es con toda seguridad uno de ellos, no compensa el posible efecto benéfico que puedan percibir los ciudadanos para aceptarlas de buen grado, ya que, como he dicho, no se articulan en ningún momento las futuras reglas de juego y de participación para desarrollar dicho proyecto.

Desde aquí solicito al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu (igual que lo hemos solicitado reiteradamente la práctica totalidad de los líderes vecinales del distrito de Sant Martí y me consta que en el resto de la ciudad), que retire el proyecto o lo vuelva a iniciar consensuándolo con los ciudadanos de Barcelona y sus entidades representativas, algo sin duda más acorde con su idea de convertirse en un alcalde próximo a los ciudadanos.

Domiciano Sandoval Valbuena es presidente de la Asociación de Vecinos del Clot-Camp del Arpa.