Las subvenciones de la Generalitat a fundaciones crecen un 68% en dos años

La Generalitat Valenciana concedió subvenciones a diversas fundaciones de ámbito autonómico o estatal por un total de 58 millones de euros en 2003. Dos años después, el montante total de las subvenciones a fundaciones superaba los 97,7 millones de euros, un 68% más. Entre las beneficiarias, se cuentan varias entidades vinculadas o afines al PP como la Fundación Humanismo y Democracia, que recibió 448.000 euros entre 2003 y 2005; la Fundación Agua y Progreso, que recibió 600.000 euros en 2005; o la Fundación Hispano-Cubana, que obtuvo 73.600 en 2003.

En 1995 había tres fundaciones públicas; en 2003 eran 19; el año pasado, 29

El registro de fundaciones de la Comunidad Valenciana consigna en la actualidad más de 500 entidades sin ánimo de lucro. La mayoría tienen carácter religioso, pero entre 2003 y 2005, la Generalitat ha subvencionado por igual a la Fundación Cánovas del Castillo, hoy parte de FAES, o a FASTA Doctor Oscar Carlos d'Agostino, que gestiona un colegio concertado en Torrent.

Capítulo aparte merecen las fundaciones públicas, aquellas en las que la subvención autonómica supone más del 50% del presupuesto anual. En 1995, había tres fundaciones públicas, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y la Fundación Servicio Valenciano de Empleo. En 2003, eran 19. El último informe de la Sindicatura de Comptes, correspondiente a 2004, analizó las cuentas de 23 fundaciones públicas. En la actualidad, la Sindicatura de Comptes analiza 29 fundaciones públicas para su informe del ejercicio 2005.

La ley de fundaciones, de 1998, establece que deberán someterse a auditoría aquellas fundaciones cuyo presupuesto o patrimonio supere los 2,4 millones de euros durante dos ejercicios consecutivos. Pero al margen del volumen de los movimientos, la Sindicatura de Comptes decidió fiscalizar las cuentas de las fundaciones públicas en 2001 a la vista de su proliferación y de las tareas que empezaban a asumir.

La ley establece que las fundaciones "deben perseguir bienes de interés general" como de "asistencia social, cívicos, educativos" y un largo etcétera. Funciones todas ellas atribuibles a la Administración y que, sin embargo, la Generalitat ha derivado en muchos casos hacia fundaciones.

Pero también se constituyen entidades específicas para afrontar ciertos eventos, como la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, cuyo carácter público o privado es imposible discernir a día de hoy.

Destacan el grupo de entidades constituidas para impulsar actividades propias del área de Cultura. La Generalitat, por ejemplo, constituyó una fundación para organizar las dos ediciones del denominado Encuentro Mundial de las Artes, que se celebraron en Valencia en 2002 y 2004. Esa fundación ya no existe. Sí perviven una Fundación de la Comunidad Valenciana Bienal de las Artes y otra que subvencionó la exposición presentada como La Luz de las Imágenes.

El informe de la Sindicatura de Comptes del ejercicio 2004 se detiene en las cuentas de la denominada Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes Escénicas (FCAE), uno de los casos más patentes de derivación de responsabilidades de la Administración a una entidad sin ánimo de lucro.

La FCAE se constituyó para gestionar el teatro de La Nau de Sagunt. Las obras para adecentar las instalaciones consumieron 27,1 millones de euros. Y espectáculos como La Celestina, presentado en 2004, costaron 1,3 millones de euros e ingresaron apenas cien mil. Dexia Sabadell, según la Sindicatura, concedió en 2004 un crédito de 31 millones de euros a la FCAE con un plazo de disposición de 36 meses, hasta marzo pasado, que se pagará en cuotas anuales a partir de 2010.

Las principales salvedades de la Sindicatura al conjunto de fundaciones públicas son la falta de publicidad, concurrencia y publicidad en los contratos de personal y servicios; y el desfase patrimonial de sus balances (ver cuadro) a causa de una elevada morosidad de los patronos que es atribuible, en la mayoría de los casos, al impago por parte de la Generalitat de sus propios compromisos.