Detenidos sin necesidad

Jordi Usurriaga estaba a punto de embarcar rumbo a Jordania hace unos años para pasar la Navidad, cuando el policía del control de pasajeros de Barajas le advirtió de que se iba a quedar en tierra porque tenía una orden judicial de busca y detención. Al principio no le dio importancia y creyó que era una incomodidad más de las muchas que le ha provocado siempre tener apellido vasco que, además, es una síntesis de los del etarra Urrusolo Sistiaga. A los pocos segundos de la primera explicación, el policía le aclaró que quedaba detenido.

Después de 36 horas de visitar los calabozos y el juzgado, quedó en libertad y se demostró que había sido un error. Como él, cientos de personas son detenidas anualmente en España de forma innecesaria en aplicación de órdenes de busca que los juzgados nunca deberían haber dictado si se hubiera extremado el cuidado o bien por órdenes que no deberían estar vigentes. Son situaciones que afloran especialmente en Navidad, Semana Santa o el verano, con el mayor trasiego en los aeropuertos y los hoteles.

Al registro central de buscas sólo accede la policía, y se actualiza con los datos judiciales

Jordi Usurriaga no pudo volar a Jordania por Navidad por un delito que no cometió

La orden judicial de busca o de busca y detención la dicta un juez o un tribunal cuando la justicia fracasa en varias ocasiones en su intento de comunicar a un ciudadano una decisión derivada de un proceso, casi siempre penal: desde una citación para que acuda a declarar, el archivo de un procedimiento o una sentencia. Casi siempre son asuntos menores de ciudadanos que no delinquieron, sino que guardaban alguna relación con ese proceso.

En la mayoría de los casos, el ciudadano se convierte en ilocalizable porque cambia de domicilio y no lo comunica al juzgado. Y es entonces cuando el juez ordena que se le busque. Los errores se producen cuando el ciudadano se aclara con la justicia y la orden no se da de baja. En el caso de Jordi Usurriaga, el error judicial fue doble, porque la justicia buscó a una persona por un delito que jamás cometió y no se le pudo localizar porque se equivocó el funcionario al escribir su apellido.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Agustín Azparren se interesó hace unos meses por el tema y constató que el órgano de gobierno de los jueces no había dictado nunca ninguna instrucción para coordinar a las partes afectadas. El Ministerio del Interior también le explicó que cada unidad de policía judicial, como cada juzgado, tiene autonomía para actuar como cree más apropiado.

En España existe un único registro central de buscas al que sólo accede la policía. Se actualiza sólo por decisión judicial y la casuística por la que se producen los errores es diversa. La responsabilidad sobre a quién corresponde dar de baja las órdenes cuando un caso se ha aclarado es de los secretarios judiciales y de los funcionarios, pero el juez tampoco es ajeno. Azparren explica que en los últimos años, el CGPJ ha abierto diligencias contra tres jueces por desatención de los asuntos cometida por no actualizar la caducidad de órdenes de buscas. Todas acabaron archivadas, pero existe otro caso de una jueza de Andalucía contra la que se querelló el fiscal por detención ilegal por no dar de baja una orden. En otras ocasiones es la policía quien no introduce los datos de la baja en el archivo, aunque las consecuencias para el ciudadano son siempre las mismas.

Azparren reconoce que es muy difícil calcular el número anual de afectados, aunque la estimación de centenares de casos podría quedar corta. Un funcionario judicial de Barcelona explica, por ejemplo, que el pasado mes de julio detectó dos casos en una de las 16 secciones de su juzgado penal especializado en ejecutar sentencias. Teniendo en cuenta que no fue un hecho excepcional, según coinciden sus compañeros, y que existen centenares de juzgados penales o de instrucción en España, la estimación se dispara.

El propio Azparren explica un caso que vivió en primera persona hace diez años, cuando era juez en Oviedo. Un sábado, cuando estaba de guardia, la policía le condujo a un detenido en cumplimiento de una orden de busca. Era un andaluz que había acudido al norte de España para asistir a una boda y que fue arrestado en el hotel. "El abogado me prometió que aquella busca estaba caducada y que su cliente resolvió el asunto hacía meses, pero era sábado y no pudimos contactar con el tribunal que dictó la orden", explica. Tras la boda, cliente y abogado regresaron y se comprobó que era cierto lo que explicaban, aunque Azparren añade que, con la ley en la mano, debería haber acordado su detención durante el fin de semana.

Diversas fuentes judiciales apuntan que algún mecanismo que podría acabar con esa situación sería que los juzgados tuviesen acceso al registro o que se instalen programas informáticos que detecten el error. Mientras tanto, cada cual se las compone como puede. En Cataluña, por ejemplo, se actualizaron hace dos años y medio las órdenes pendientes de varias décadas y se acordó un sistema que funciona: cada viernes, llega al juzgado de guardia de cada partido judicial la relación de órdenes de busca de ese territorio. Así, desde cualquier juzgado se puede saber qué tiene pendiente cada cual con la justicia. Y se aclaran los errores.