Urbanismo al servicio de los ciudadanos

Se ha desatado una dura polémica en relación con las limitaciones al crecimiento urbanístico que prescribe el recientemente aprobado Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). A los responsables de la CEA no les gusta, bueno, en realidad no les gusta ningún plan que ordene el territorio, prefieren el urbanismo a la carta, para poder decidir dónde y cuanto construyen. Olvidan que estamos en un Estado de derecho, que la Constitución adscribe una función social a la propiedad, y que la ordenación del territorio debe realizarse en función de los intereses generales de la sociedad. El urbanismo debe generar ciudades con calidad de vida, no favorecer al ladrillo como inversión especulativa. Los hechos han demostrado la falacia de los que, desde los ámbitos políticos y empresariales, han defendido que con la liberalización del suelo se abarataría la vivienda. Jamás se han construido tantas viviendas en Andalucía y nunca ha sido más inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, y muy particularmente para los jóvenes.

El actual modelo urbanístico y territorial de Andalucía es insostenible y está provocando gravísimos impactos ambientales, sociales y económicos, hipotecando su futuro. Ecologistas en Acción advirtió en sus alegaciones que los objetivos del POTA -per seguir un modelo territorial equilibrado y sostenible, preservar los recursos naturales, potenciar los núcleos urbanos tradicionales en contra de la proliferación de urbanizaciones desgajadas de pueblos y ciudades...- podían quedarse en buenas intenciones si no se incorporaba una normativa rigurosa que impidiera que los Ayuntamientos siguieran con una política de recalificaciones abusivas y salvajes, bajo la presión de empresas constructoras e inmobiliarias. Por ello propusimos que se incluyeran normas que establecieran unos límites razonables al crecimiento urbanístico, que no se permitieran modificaciones de los PGOU para recalificar más suelo residencial, que se diera prioridad a las promociones de viviendas protegidas y que se ampliara la servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre a 500 metros, tal y como permite la Ley de Costas. La Junta no lo aceptó pero, ante la presión de los escándalos urbanísticos, el Parlamento ha incluido algunas normas en el POTA que pueden poner cierto límite al desmadre urbanístico que estamos sufriendo.

Que los empresarios monten en cólera porque los municipios "sólo" puedan crecer un 40% de suelo urbanizable y un 30% de población, es insólito, y sólo se explica por la voracidad de un empresariado acostumbrado a los pelotazos urbanísticos y por la presión del dinero negro que lubrifica en parte la máquina de la construcción. Con una población estabilizada, ¿cómo puede tildarse de insuficientes estos crecimientos en ocho años? Lo que se pretende es seguir con la política de recalificaciones a golpe de talonario, ya sea "legal", vía convenios urbanísticos, o manteniendo el marco que ha propiciado la corrupción de la que se han beneficiado no pocas empresas constructoras.

También rechazan los empresarios regular la instalación de campos de golf, disociándolos del desarrollo urbanístico. En realidad, los campos de golf son meras excusas para recalificar terrenos y construir macrourbanizaciones, hoteles y centros comerciales. Los empresarios aducen que, sin urbanizaciones, los campos de golf no son rentables, entonces ¿por qué se construyen devorando recursos escasos como son el suelo y el agua? Tenemos ya 100 campos de golf en Andalucía y se pretende construir 400 más, cuando los turistas que demandan golf no suponen ni el 2% de los que visitan Andalucía, muchos menos de los que vienen atraídos por nuestra naturaleza o nuestra riqueza monumental. Estos campos de golf consumirían 250 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a una población de dos millones y medio de habitantes, ¿de dónde saldrá este agua?

Si algo hay que achacarle a la Junta y a nuestros parlamentarios no es que regulen el futuro de nuestros pueblos y ciudades, sino la tardanza en reaccionar a un fenómeno que era evidente, y que ha provocado graves daños a nuestro territorio, a nuestros recursos naturales y a nuestra democracia. Esperemos que no ocurra igual que con la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida, que se reformó nada más aprobarse por presión de los constructores, eliminando la obligatoriedad de construir un 30% de VPO en todos los desarrollos urbanísticos. Ante la especulación urbanística y la corrupción que conlleva no puede haber "flexibilidad". La Junta de Andalucía tiene ahora una ocasión de oro para demostrar que apuesta por un urbanismo donde primen los intereses generales de los ciudadanos y no los de un pequeño grupo de especuladores que está imponiendo el planeamiento en la mayoría de los municipios en función de sus intereses particulares.

Juan Clavero Salvador es catedrático de Biología y secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción de Andalucía