La fiscalía del TSJA imputa un delito ambiental al alcalde de Atarfe

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias contra el alcalde y dos concejales de Atarfe (Granada), del PSOE, y el responsable del Servicio de Bienes Culturales de la Junta, José María Visedo, por un presunto delito contra el medio ambiente por el que se ha visto "gravemente afectado" un yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

En 1992, la empresa Francisco Jimena Ruiz e hijos construyó cinco balsas para almacenar productos derivados del aceite sin las licencias necesarias. Pese a ello, la empresa solicitó a la delegación de Medio Ambiente un certificado para proceder a la ampliación de la almazara, que fue concedido en 2002. Contra lo que reflejaba la licencia, se construyeron en la zona un total de cinco balsas con una capacidad muy superior a la reseñada y en zonas no determinadas de la finca.

En el mismo año, la empresa Rústicas del Río adquirió parte de los terrenos en los que se encontraban dos grandes balsas de residuos de productos derivados del aceite con una superficie aproximada de una hectárea y con una capacidad de hasta 140.000 metros cúbicos.

En 2004, responsables de la empresa propietaria de los terrenos se pusieron en contacto con el alcalde de Atarfe, Víctor Francisco Sánchez Martínez; el teniente de alcalde, Tomás Ruiz, y el concejal de Medio Ambiente, Luis Pozo, que se comprometieron a realizar las actuaciones necesarias para cerrar las balsas. Sin embargo, el coste de la retirada de los residuos pareció excesivo a los responsables municipales, que optaron por rellenar las balsas con tierra, escombros y elementos metálicos, lo que originó un grave peligro de rotura de la capa impermeable de las balsas, por lo que el Seprona presentó una denuncia.

Vertido de alpechín

Según el escrito de acusación realizado por la fiscalía, los responsables municipales tuvieron en todo momento conocimiento de los hechos, que estuvieron "bajo la directa supervisión de los acusados, que se desplazaban asiduamente al lugar para el control de los vertidos". Durante los trabajos de rellenado de las balsas tuvo lugar un vertido de alpechín, lo que dio lugar a la interposición de una nueva denuncia.

La fiscalía asegura que la totalidad de los vertidos "constituyen un evidente riesgo de afección generalizada a los recursos subterráneos de toda la zona", que fue declarada BIC en octubre de 2004 por la Consejería de Cultura.

Pese a todas las recomendaciones lanzadas por los profesionales medioambientales y las diferentes instituciones que velan por su custodia, los implicados en el caso decidieron concluir los trabajos de relleno de las balsas.

La fiscalía del TSJA pide para cada uno de los acusados año y medio de prisión, inhabilitación para cargo público por ocho años y sendas multas que podrían ascender a 12.000 euros.