Los jueces y sus familias

La independencia de los jueces, requisito esencial en un Estado de derecho, es cada día más cuestionada desde distintos ámbitos, y a estas alturas no se sabe si la política está cada día más judicializada o el poder judicial más politizado, y quién es el responsable del desaguisado. En cualquier caso, no creo que los medios de comunicación seamos ajenos al problema. Los periodistas clasificamos habitualmente a jueces y magistrados en tres familias: conservadores, progresistas y moderados, según a qué asociación pertenezcan y, a veces, se indica qué partidos han avalado, apoyado o apadrinado su acceso a determinados órganos jurisdiccionales. Pero, a veces, también hablamos de otra familia. La suya propia. Y a una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Núria Bassols, no le parece nada correcto.

En una amplia carta se ha dirigido al Defensor del Lector para protestar por un despiece publicado el pasado 9 de noviembre bajo el título ¿Quién instruirá en el TSJC? La información, firmada por el periodista Pere Ríos, se refería a que ese órgano deberá, con toda probabilidad, instruir la reapertura del caso Pallerols, un caso de presunta financiación irregular del partido Unió Democràtica de Catalunya (UDC).

La magistrada considera, en su carta, que la mayoría de las afirmaciones del periodista sobre quién podría ser el instructor del caso son "totalmente inciertas" y, a su modo de ver, "reflejan un trato discriminatorio hacia la mujer en el mundo laboral y me infravaloran profesionalmente".

El periodista comentaba en su artículo que la "actual composición de la Sala Civil y Penal del TSJC presenta ciertas particularidades que avecinan un futuro incierto a la causa". Y las enumeraba. "Ninguno de los dos magistrados de reconocido talante progresista y especializados en derecho penal podrán ser instructores", uno por baja laboral y otro por haber sido fiscal del caso. Quedaban tres magistradas, pero una es la presidenta, que desde que tomó posesión del cargo ha estado exenta del reparto para instruir causas penales. De las dos restantes, Pere Ríos trazaba sucintamente su perfil. Teresa Cervelló "es una abogada con larga experiencia en derecho civil que es cuñada de Núria de Gispert, dirigente de Unió y ex consejera de Justicia". "Otra magistrada es Núria Bassols, también civilista y casada con Josep Manel Bassols, ex alcalde de Anglès (La Selva) por Convergència y en la actualidad concejal en ese Ayuntamiento por esa formación".

La magistrada, en su carta, considera discriminatorio que el periodista destaque el carácter "progresista" y de "expertos en derecho penal" de los dos magistrados frente a las magistradas, a las que califica de "civilistas".

A la magistrada Bassols le ofende que se insinúe una "supuesta ignorancia en derecho penal" o una "falta de imparcialidad por estar casada con un ex alcalde de CiU". Tras exponer su larga trayectoria profesional, más de 21 años en la carrera judicial, recuerda que ha instruido asuntos de especial complejidad -como el caso Casinos o el caso San Cugat- por sus ramificaciones políticas y ha dictado sentencias en temas de aforados.

Imparcialidad

Y respecto al tema más delicado, "lo que hace a imparcialidad" en relación con su matrimonio, afirma: "Afortunadamente, desde el año 1975 las mujeres ya no necesitamos licencia marital para contratar, ni seguimos la nacionalidad del marido, ni le debemos obediencia, con lo cual, por suerte, podemos tener nuestros propios criterios y opiniones, como pueden de igual modo ostentarlos los magistrados de nuestro tribunal de forma independiente a las opiniones de sus familiares. Sólo me queda añadir que los jueces somos técnicos del derecho que, en el ámbito penal, estamos obligados a juzgar a las personas, y jamás podemos juzgar a un partido político o una determinada ideología".

Por ello pide al periodista que escriba "amparándose en el estudio profundo de la información que va a dar, no en supuestas opiniones e ideologías o, en su caso, en relaciones de parentesco, o similares, que según parece sólo afectarían a las mujeres".

Pere Ríos, a petición del Defensor, explica que su artículo no contiene las consideraciones despectivas y discriminatorias que alega la magistrada, aunque pueda entender que "le haya molestado que califique a los otros dos magistrados especializados en derecho penal de progresistas y que, por exclusión, se entienda implícitamente que ella no lo es". Sobre la insinuación de falta de imparcialidad por estar casada con un ex alcalde de CiU de Anglès, Ríos afirma que "ésa es una interpretación suya". Y añade: "La vida privada y familiar de la magistrada no tiene ninguna relevancia periodística. En este caso, sin embargo, el dato no es baladí, porque el caso Pallerols que ella puede acabar instruyendo se refiere a la financiación de Unió Democràtica, un partido coaligado con Convergència. Entiendo que al lector se le han de ofrecer estos datos, sin otra finalidad que la puramente informativa, porque el poder judicial no está formado por personas incoloras, inodoras e insípidas, sino por hombres y mujeres con corazón, estómago y sexo, como gusta decir al ex presidente del TSJC Guillem Vidal. En este sentido, creo que para entender algunas decisiones judiciales es conveniente situar a quienes las dictan en su entorno ideológico o asociativo. En ocasiones, incluso, recordar que ocupan un cargo en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de un determinado partido político. Y así, por ejemplo, podemos leer en EL PAÍS titulares como 'un juez afín al PP...". Y concluye: "En cuanto a los comentarios sobre la licencia marital sobra cualquier explicación, porque en ningún momento creo que utilicé un tono despectivo ni machista, ni pretendía insinuarlo. Y si lo interpretó así, no era ésa mi intención y, por tanto, mis disculpas".

La preocupación de la magistrada es comprensible en un punto esencial. La confusa equiparación entre las decisiones que adoptan los tribunales y las que toma el Consejo del Poder Judicial. La politización de este órgano, cuyos miembros son elegidos por el Parlamento, se extiende de una forma confusa a los órganos jurisdiccionales donde jueces y magistrados sólo deben y pueden actuar de acuerdo con su conciencia. Cualquier otra insinuación sobre los motivos por los que dictan una sentencia sólo puede ser entendida como prevaricación.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonear al número 91 337 78 36.