100 puntos filipinos

Que el PP le de un repaso a la cartografía autonómica de la inseguridad ciudadana y eche la voz de que remitirá debidamente matasellados 100 "puntos negros", al presidente Zapatero, es un intento de hacer los deberes por correspondencia. Un intento y un riesgo, que emergió implacable de la diputada socialista Josefa Andrés quien afirmó que el "único punto negro", en esta materia, es la gestión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por las cifras escandalosas en su etapa como delegado del Gobierno. Por su parte, Glòria Marcos, coordinadora de EU, sin más contemplaciones que aquellas que saltan a la vista, manifestó al respecto que "la mayor carencia del País Valencià en seguridad es la falta de control sobre las tramas de corrupción urbanística", y exigió al gobierno central un grupo especializado de la Guardia Civil, para meter en cintura a cuantos le pegan, sin pamplinas ni escrúpulos, a la corrupción, la especulación y los delitos urbanísticos. Después de tan contundentes palmetazos, más le valdría al PP considerar la nueva legislación que ha propuesto la plataforma Compromís pel Territori, y asumir, entre otras razones, "una moratoria urbanística a todos los proyectos que estén fuera de ordenación". Claro que, si concedemos crédito al informe elaborado por Transparency Internacional, y los partidos políticos y las empresas resultan ser los sectores más corruptos en España, y aunque haya que matizar, en uno y otro caso, aviados andamos. Y más con los populares, que no se sabe de seguro si lo suyo es militancia o trapicheo, o ambas cosas a la par oportunamente solapadas, tal y como se ha publicado acerca de algunos pájaros cuya presunta biografía delictiva ya no hay sumario ni aun balanza que la soporte. Quizá, por todo eso, y con la afición que le ha entrado al PP por el teodolito y el nivel de burbuja, debería levantar también un mapa con los 100 "puntos filipinos" más relevantes. Y un repaso así, o sea, un repaso a la cartografía de la especulación del suelo y de un urbanismo salvaje a beneficio de ciertos constructores, también habría que echar la voz y remitirlo debidamente matasellado a la fiscalía. Aunque no parece que el PP vaya a enmendar las supuestas incursiones en esos y otros sospechosos asuntos de algunos de sus cargos públicos, a los que, muy por el contrario, ampara y presta protección y consuelo. Qué lástima de gente. Si los 100 "puntos negros" forman parte de una estrategia catastrofista y simplona, los 100 "puntos filipinos" es una factura que, antes o después, esperemos que antes, tendrán que pagar a todos los valencianos. Si es necesario que se garantice la seguridad de los ciudadanos, entre otras actuaciones, habrá que sentar en el banquillo a los posibles corruptos y autores de un pillaje, que afecta a un pueblo y a una tierra. Qué largo puente de mil ojos.