La Junta plantea una exención de 10 años del impuesto ecológico del agua para uso agrario

La Junta andaluza plantea establecer una exención de 10 años en el pago del nuevo impuesto ecológico del agua para los agricultores que acrediten buenas prácticas, según recogen las medidas básicas de la futura ley del Agua que el Gobierno autonómico pretende pactar con la oposición. Pasados los diez años, los regadíos tributarán en función del uso: entre dos y 57 euros anuales por hectárea. El canon urbano, para el que no habrá moratoria alguna (regirá en 2008), será de unos tres euros al mes, aunque se aplicará de forma progresiva y pagará menos quien menos consuma.

Mañana una delegación del Gobierno andaluz, encabezada por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, se volverá a sentar con los representantes de los partidos políticos para retomar las negociaciones que ha iniciado sobre varias materias. Los grupos parlamentarios ya han recibido tres documentos con las medidas básicas de las leyes de Agua, Educación y RTVA, donde se condensan los principales puntos de estas normativas que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, quiere aprobar antes de que concluya la legislatura.

Respecto a la futura ley del Agua, el citado documento propone un nuevo impuesto ecológico de manera que el precio del agua recoja los costes de su ciclo integral. Para argumentar la implantación del canon, se recuerda que la directiva marco de la Unión Europea sobre agua, aprobada en 2000, obliga a los estados miembros a repercutir a los ciudadanos las valías de los servicios, incluido las medioambientales, y de acuerdo con el principio de quien contamina, paga. Sólo Andalucía, Castilla-León y Extremadura carecen en estos momentos de figuras impositivas.

El precio del agua en la comunidad está por debajo de la media española y europea -con grandes diferencias de un municipio a otro-, hasta el punto de que es el servicio público más barato, y también el que menor calidad de prestación ofrece.

La Consejería de Medio Ambiente proyecta que el impuesto ecológico tenga carácter finalista y se destine a la recuperación de la calidad del agua y los ecosistemas hídricos, así como a la construcción de abastecimientos y depuración urbana. En contraprestación, el impuesto sustituiría a otras figuras impositivas actuales, como los cánones de mejora de la red de las administraciones locales, el impuesto de vertidos sobre aguas litorales y el de las continentales en las cuencas competencia de la Junta.

Por lo que afecta a la repercusión de la renta ciudadana, el recibo del mes se encarecería unos tres euros, como anunció hace una semanas la propia titular de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. No obstante, el impuesto se aplicará de forma progresiva, de modo que pagará menos el que menos agua consuma, y a la inversa: se penalizarán los usos abusivos. Según las tablas que incluye el avance de la ley del Agua, el impuesto será de 0,18 euros al mes para un consumo menor a 12 metros cúbicos; de 0,20 euros para entre 12 y 18 metros cúbicos, y de 0,25 euros para un gasto mayor de 18 metros cúbicos. En otras comunidades el canon medio sobre distintos aspectos del uso del agua oscila entre el 0,19 euros por metro cúbico de Galicia al 0,50 de Cataluña, pasando por el 0,30 de Murcia, Valencia o Madrid. Esto supone según la Junta, una horquilla de un mínimo de 2,8 euros al mes en impuestos y un máximo de 15,5 euros.

El agua destinada a explotaciones agropecuaria tendrá un tratamiento especial: se establecería una exención de 10 años para los agricultores que acrediten buenas prácticas, esto es, que estén inmensos en planes de modernización de regadíos, que son la mayoría. También se tendrá en cuenta la instalación de contadores y el uso de manera adecuada de los fertilizantes y productos fitosanitarios.

Pasado los diez años, los regadíos tributarán según tres categorías: regadíos de buena eficiencia, regadíos de baja eficiencia y regadíos con alto consumo de fertilizantes. El coste medio se moverá entre dos euros anuales por hectárea y 57 euros anuales por hectárea.