La futura ley amplía las competencias autonómicas

En el documento que la Junta ha remitido a los partidos políticos se destaca la necesidad de una nueva legislación no sólo como consecuencia del obligado cumplimiento de la directiva marco de la UE, también por las transferencias de las cuencas (la antigua Confederación del Sur en 2005 y la Atlántica en 2006) y el nuevo escenario que se abre con la reforma del Estatuto de Autonomía, que permitirá la gestión del Guadalquivir.

Además, a lo largo de la actual legislatura la Consejería de Medio Ambiente ha suscrito casi una veintena de convenios y protocolos de colaboración con administraciones locales de todo tipo (ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades). El modelo que se ha seguido para estos acuerdos es el del nuevo marco de competencias en el ciclo urbano que apunta la futura ley del Agua. La Junta asumirá las competencias de regulación, planificación y ejecución de las grandes estructuras de abastecimiento y depuración, una función que hasta ahora ha venido ejerciendo de hecho, en auxilio de las entidades locales.

La gestión de estas competencias (abastecimiento y depuración) seguirá realizándose a través de consorcios públicos locales o mancomunidades. Al Gobierno andaluz corresponderá la inspección y control de su funcionamiento. Y las entidades locales mantendrán también las competencias totales sobre el suministro domiciliario y el saneamiento (alcantarillado).

Si los consorcios locales no prestan de forma correcta los servicios de abastecimiento en alta y depuración, la norma faculta a la Agencia andaluza del Agua a asumir las competencias de gestión. Y le permite aplicar dos nuevas tasas, para evidenciar así el coste de una mala gestión local.

La ley deberá incluir, según el planteamiento de la consejería, una lista de derechos de los usuarios, como el de apelar ante la Junta cuando el ente municipal atienda su reclamación.