Una soberanía fiscal selectiva

El País Vasco y Navarra son las únicas regiones del mundo desarrollado en las que el Gobierno central ha renunciado a recaudar impuestos, en una escenificación más propia del Antiguo Régimen que del Estado moderno. Es cierto que la contribución de las Haciendas vascas al sostenimiento de las cargas generales del Estado ya no tiene carácter voluntario, como en épocas añoradas, sino que se basa en la Ley del Cupo. Pero no es menos cierto que el cálculo de la aportación por esta vía encierra tal complejidad que deja un amplio margen a la discrecionalidad y, por lo tanto, al conflicto y a su solución vía pacto. Nuestro País Vasco, gracias al Concierto Económico, goza realmente de una gran soberanía fiscal, con limitaciones propias de un mercado común (el español), sometido a su vez a las normas del espacio europeo.

Frente a lo que sucede con el Impuesto de Sociedades, priman en el IRPF el seguidismo y la contención

La disposición de un ámbito de soberanía tan importante como es la tributaria ejercida por las Haciendas Forales debería, aparentemente, colmar muchas de nuestras aspiraciones de autogobierno. Ahí es nada: en teoría, los ciudadanos vascos tenemos la capacidad de decidir nuestra política fiscal, de reflejar en ella nuestras diferencias con el resto de España, de debatir y alcanzar consensos sobre quién debe pagar los impuestos y en qué proporción. Y en ese proceso podemos señalar los colectivos que queremos proteger y a quienes deben contribuir de forma más progresiva a la bolsa común, y buscar el equilibrio adecuado entre la exención fiscal para los más débiles y la necesidad de favorecer las actividades de ahorro e inversión. Todo ello sin olvidar la discusión sobre el nivel de evasión fiscal que una sociedad como la nuestra puede permitirse sin poner en riesgo los mismos fundamentos del sistema impositivo.

Un independentista, seguramente -y también algunos de los que no lo somos-, esperaría que esta soberanía, nada utópica por cierto, produjera con cierta periodicidad, coincidiendo por ejemplo con los cambios más importantes de las leyes tributarias, una discusión profunda en el seno de la sociedad vasca. Un debate en el que instituciones, partidos, sindicatos, cámaras de comercio, asociaciones patronales y tanques pensantes (por supuesto, desarmados) establecieran las grandes líneas de una fiscalidad propia, fijaran objetivos de recaudación y normas para la periódica evaluación del sistema.

La reciente aprobación por los consejos de diputados las tres diputaciones del proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre la Renta (IRPF), tras ocho años de vigencia de la norma anterior, parece justamente ir en direccEión opuesta: el proyecto se ha debatido y negociado en un órgano de coordinación de las tres haciendas forales y el Gobierno (OCT) que resulta cuasi-clandestino, al margen del Parlamento vasco (cosas de nuestro particular diseño institucional) y, desde luego, sin ninguna participación explícita de la sociedad. Es cierto que, de momento, se trata de un proyecto de norma, pero las Juntas Generales de los tres territorios, que deben discutirlo y aprobarlo, tienen una capacidad muy limitada para modificarlo, ya que el texto propuesto procede de un pacto entre diputaciones (dos gobernadas por el PNV y la otra por el PP) y su alteración por las cámaras provinciales desbarataría su carácter común para todos los contribuyentes vascos.

En cualquier caso, tampoco parece que el proyecto se aleje mucho de la normativa estatal aprobada ya hace semanas por el Congreso de los Diputados, aunque se arriesga a dar algún tímido paso, nada sustancial. Los experimentos atrevidos que en nombre de la capacidad normativa en materia fiscal se han hecho en favor de las empresas en el Impuesto de Sociedades, y que tantos litigios han causado aquí y en Europa, se quedan en tímidos retoques cuando se trata del IRPF.

Después de las proclamas soberanistas escuchadas con motivo de las impugaciones de las comunidades vecinas y la Comisión Europea contra los aspectos más discordantes del Impuesto de Sociedades, resultan llamativos la contención y el seguidismo aplicados a un impuesto, el de la renta, mucho más sustancial que aquél y que afecta a un número de contribuyentes sustancialmente más amplio. Misterios de la foralidad ejercida selectivamente y sin debate público.

Rafael Jiménez Larrea es economista.