El CES reclama que Aguirre rebaje o elimine el impuesto del patrimonio

"Este consejo entiende que el actual impuesto de patrimonio plantea problemas tanto de eficiencia como de equidad". Así de contundente se muestra, en sus siete páginas de conclusiones, el Consejo Económico y Social (CES) -organismo que engloba a representantes de la patronal, sindicatos, agentes sociales y partidos- al analizar el proyecto de medidas fiscales y administrativas. El consejo se muestra convencido de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, podría haber reducido o incluso eliminado el citado impuesto, ya que grava fundamentalmente a las clases medias.

El consejo, tras felicitarse por la práctica eliminación del impuesto de sucesiones por parte del Gobierno regional, se "lamenta" de la ausencia de medidas reductoras sobre el impuesto de patrimonio, "porque se trata, en ambos casos, de tributos que penalizan especialmente a las clases medias, ya que los grandes patrimonios, a través de sociedades y empresas familiares, pueden eludir legalmente la tributación".

Los que tienen más dinero pueden saltárselo invirtiendo en obras de arte o antigüedades, ya que estos objetos no soportan cargas fiscales. Por el contrario, las clases medias carecen de recursos para hacerlo y tienen que pagar este tributo por tener una exigua cuenta de ahorro. De hecho, la oposición ha acusado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo autonómico de hacer una rebaja fiscal selectiva que beneficia a las grandes fortunas.

La Ley de Medidas Fiscales, conocida también como Ley de Acompañamiento, ha sido considerada tradicionalmente como el cajón de sastre que los Gobiernos aprovechan para modificar de una vez un gran número de leyes e impuestos. Por eso, el CES pega un tirón de orejas al Gobierno regional por no variar el impuesto del patrimonio, ya que entiende que, junto al de sucesiones, "constituyen una doble imposición, a la que se ha puesto fin en muchos países desarrollados".

El impuesto del patrimonio grava todas las propiedades del contribuyente: vivienda, acciones, terrenos... En función de la fortuna que se tenga, la Comunidad le aplica un tramo impositivo u otro. De los impuestos directos autonómicos, éste es el segundo más importante, detrás del IRPF. En total, el pasado año fueron a parar a las arcas regionales 430 millones de euros por este concepto, un 2,37% de los 5.984 millones recaudados en impuestos directos e indirectos. El del patrimonio es un tributo transferido a las comunidades autónomas, pero tanto la Administración central como la autonómica pueden modificarlo, aunque son las comunidades las que lo recaudan y gestionan. Este año lo han pagado unas 180.000 personas, según indicaron fuentes de la Consejería de Hacienda, a cuyo frente se encuentra Engracia Hidalgo. Por su parte, el de sucesiones se abona cuando hay una herencia de por medio.

En el primer año de legislatura, Aguirre lo eliminó para hijos menores de 21 años y redujo el máximo a desgravar a 50.000 euros. En 2006, se amplió hasta los 100.000 y el 1 de enero no se tendrá que pagar entre abuelos, padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho. El pasado año la Comunidad registró 140.000 declaraciones.

El CES es un organismo consultivo cuyas decisiones no son vinculantes. A su entender, este impuesto "plantea problemas tanto de eficiencia como de equidad", por lo que asegura que el valor máximo para desgravarse es "demasiado bajo".

Otra de las reticencias planteadas por este organismo estriba en que los pisos iguales tributan de manera diferente en función de la fecha en la que se hayan comprado, o si es de nueva construcción o usado. El CES tiene claro que este impuesto "supone una doble imposición, por lo que es esencialmente injusto y, a los actuales niveles de tipos, casi confiscatorio", por la acumulación de cargas en un mismo concepto.

El Consejo Económico y Social sostiene, además, que el impuesto del patrimonio "origina una gran parte de la ingeniería fiscal, castiga el ahorro, distorsiona las decisiones de inversión e impulsa la deslocalización de individuos y patrimonios". Para el CES, su eliminación fomentaría la inversión en la Comunidad.

El impuesto del patrimonio, según Hacienda, tiene múltiples exenciones: de la vivienda habitual se pueden deducir hasta en 150.253 euros. Pero a aquellos que hayan invertido en obras de arte que estén integradas en el Patrimonio Histórico Español, así como los calificados de interés cultural por el ministerio, no deben pagar este impuesto.