El fiscal investiga por falsedad al alcalde que avaló a la empresa de los parquímetros

La Fiscalía investigará de oficio a José Enrique Sotelo, alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra) del PP, como presunto autor de un delito de falsedad en documento público en relación con su informe sobre los servicios que prestaba la empresa Hixienes en Cangas. El informe sirvió de aval a esta empresa para obtener la adjudicación de la explotación de los parquímetros en Madrid. La denuncia de un concejal del citado Ayuntamiento gallego señaló al juzgado la falsedad de dicho informe y un presunto delito de prevaricación relacionado con la misma empresa.

La denuncia judicial de Mariano Abalo, portavoz municipal de la Fronte Popular Galega (FPG) en el Ayuntamiento de Cangas do Morrazo, señala que el alcalde, José Enrique Sotelo firmó, con fecha 14 de noviembre de 2005, un informe en el que aseguraba que la empresa Hixienes "viene realizando desde febrero de 2001 en el municipio servicios de limpieza y mantenimiento de edificios públicos y de gestión de aparcamientos de vehículos, así como realizando el asesoramiento para instalación y desarrollo de las zonas de aparcamiento regulado".

En el Ayuntamiento de Cangas no hay constancia de que se emitiera este informe, según Abalo, quien cree que, sin embargo, fue determinante para adjudicar la gestión de los parquímetros madrileños a la empresa Hixienes.

El titular principal de esta empresa familiar es el ex diputado del Parlamento de Galicia Juan Casares, quien también fue presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Galicia. La adjudicación de la gestión de los parquímetros fue realizada por el departamento municipal que dirige Pedro Calvo, quien a su vez también presidió las NN GG del PP.

Hixienes se había limitado en Cangas a realizar un informe sobre la viabilidad de un aparcamiento subterráneo en una plaza de la localidad y sobre la implantación de la zona azul en el entorno de dicha plaza.

Prevaricación

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cangas contrató a una filial de Hixienes, Limpiezas Faro, la limpieza del auditorio municipal después de quedar desierto el concurso convocado al efecto. De hecho, no hubo ningún contrato, según la denuncia de Mariano Abalo, y la cantidad pagada por el Ayuntamiento superó el tipo de licitación del concurso público (36.000 euros), lo que llevaría a otra actuación ilegal tipificada como delito de prevaricación.

A mayores, según Abalo, ante la inexistencia de los pertinentes contratos administrativos de servicios, el alcalde habría intentado demostrar la relación de Hixienes-Limpiezas Faro con el Ayuntamiento de Cangas a través de una facturación expedida por una entidad denominada Hixitel a Limpiezas Faro, con lo que se estaría produciendo otra derivación del presunto delito de falsedad en el documento que avaló la candidatura de Hixienes a la adjudicación de los parquímetros madrileños.

La investigación de oficio que ahora asume la Fiscalía deriva del requerimiento que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas hizo a Mariano Abalo para que, en lugar de denuncia, presentase una querella criminal, "supongo que para dilatar las cosas en el tiempo", señala el concejal.

De oficio

La fiscal recurrió esa decisión por entender que el concejal sólo estaría obligado a hacerlo si pretendía constituirse en parte en el proceso penal. Y de todos modos, según la fiscal, los hechos denunciados por Abalo son perseguibles de oficio.

"En el presente caso, constituyendo los hechos denunciados infracciones perseguibles de oficio", señala la fiscal, "basta para su persecución con que se ponga en conocimiento del juzgador la noticia criminis, cosa que hace el denunciante en el presente procedimiento (...) surgiendo desde este momento la obligación del instructor de practicar las diligencias de investigación que considere necesarias, si es que considera que los hechos pueden ser constitutivos de delito".

La fiscal concluye que no es exigible al denunciante la interposición de la querella, "ya que ésta sólo es necesaria si pretende ser parte activa del procedimiento".

El concejal de la FPG, según declaró ayer a este periódico, no quiere querellarse, ya que no es parte perjudicada, pero va a reclamar su derecho a continuar como denunciante en el procedimiento.

La fiscalía ya remitió, por su parte, un requerimiento al Ayuntamiento pidiendo documentación sobre el caso.