El fiscal acusa al Ayuntamiento de Andratx de falsear expedientes tras ser descubierto

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los detenidos e imputados del caso Andratx -la trama balear de corrupción urbanística por la que están presos el ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y el celador de obras Jaume Gibert- "de tratar de disfrazar lo verdaderamente acontecido en los expedientes" de nuevas construcciones en terrenos inhábiles y protegidos. Así, en algunos casos "se eludió la intervención del Consell Insular [de Mallorca] en la tramitación para impedir que se detectaran las numerosas irregularidades", reseñan los fiscales en una denuncia enviada al juez a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

"Se aprecian graves irregularidades o contravenciones a la legalidad" en cuatro licencias concretas de nueva obra, "legalización" de construcciones, con cambios de uso de suelo no permitidos y construcción "prohibida" de viviendas en zona natural de protección integral. Las manipulaciones son "prueba del conocimiento de las ilegalidades", apunta el fiscal en un escrito del 17 de octubre de 2006 en el que de manera sucinta resalta que los diferentes episodios de manipulaciones han tenido como principales responsables a los implicados que el juez ordenó detener varias semanas después.

El Ayuntamiento de Andratx certificaba edificios inexistentes y extensiones de terrenos superiores a la cabida real: en una finca de sólo 887 metros cuadrados se autorizaban edificios que requieren un solar obligatorio de 30.000 metros cuadrados. En un terreno con una edificación ruinosa de 32 metros cuadrados se permitió construir sendas viviendas nuevas de 140 metros cuadrados cada una. El celador que inspeccionaba las obras por parte del Ayuntamiento de Andratx certificaba que todo se ajustaba a la legalidad urbanística y el alcalde, en algunos casos, negociaba con los afectados.

El magistrado instructor Álvaro Latorre señaló ayer al Consell, organismo provincial que tiene la máxima autoridad urbanística en la isla -donde gobierna Unió Mallorquina con el apoyo del Partido Popular- la conveniencia de que se subrogara en materia de disciplina urbanística en el municipio de Andratx.

PP y Unió Mallorquina se negaron el pasado lunes a la petición de la izquierda de intervenir el urbanismo del Ayuntamiento, un departamento clausurado por orden judicial. En este periodo de indecisión, más de tres centenares de obras privadas prosiguen de manera acelerada en este término municipal de unos 11.000 habitantes.

Blanqueo y prevaricación

Las distorsiones y falsedades documentales aludidas por la Fiscalía en el sumario, ligadas a otros supuestos delitos de ordenación del territorio, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, se observaron cuando el Consell de Mallorca reclamó información sobre las licencias, certificaciones de suelo y permisos de las diferentes obras denunciadas.

Las incidencias eran examinadas por la Fiscalía y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), basándose en recursos presentados por particulares, organizaciones ecologistas y grupos políticos.

El alcalde, Eugenio Hidalgo, que controló el área de Urbanismo durante más de una década (de ella, durante año y medio con el apoyo del PSOE) y su socio, el funcionario inspector de obras y licencias Jaume Gibert, son los principales responsables de una supuesta organización ilícita. Ambos negociaron con al menos tres promotores inmobiliarios que levantaban edificios en el término municipal (Zapata, Miralles y Mascaró).

Ayer declaró en las dependencias de la Guardia Civil Antonia Graí, esposa de Gibert y acusada de blanqueo de capitales por percibir 369.000 euros de una operación que supuestamente había impulsado su esposo y socio del alcalde.

Hidalgo y Gibert fueron, según la acusación, socios a la vez en diferentes operaciones de compra, promociones inmobiliarias y reventas de los terrenos una vez lograda la licencia y la calificación municipal: los pelotazos o pases en el código de la especulación.

En la causa están citados como imputados los arquitectos Isabel Seguí y Miguel Arenas y el letrado asesor municipal de Andratx Ignacio Mir. Personas conocedoras de los mecanismos internos del municipio indican que los dos arrestados efectuaban diversas operaciones, alternativamente, con los tres citados.