El alcalde Zerolo acusa a la fiscal del caso de vulnerar la ley

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), presentó un durísimo escrito de 14 folios a la fiscal especial para la represión de los delitos económicos el pasado 29 de noviembre, cinco días antes de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón emitiera un auto inhibiéndose a favor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre un presunto caso de cohecho relacionado con el supuesto cobro de cantidades millonarias a cambio de favores urbanísticos.

Zerolo se dirige a la fiscal para contarle que durante los últimos 17 meses ha podido deducir que Anticorrupción ha hecho diligencias que le involucran directamente y en las que puede aparecer como sospechoso. Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife están relacionadas con la compraventa de terrenos en la playa de las Teresitas. El pleno del Ayuntamiento aprobó con apoyo de todos los grupos la compra por 53 millones de euros del frente de playa a dos empresarios de la isla que habían comprado los mismos terrenos unas semanas antes por 30 millones. La defensa de esta operación se sustentó entonces en haber logrado impedir que estos empresarios edificaran una fila de 11 edificios de seis plantas cada uno en plena costa.

El alcalde dedica los 14 folios de su escrito a protestar por cómo la Fiscalía Anticorrupción lleva su investigación en el municipio. El escrito del alcalde canario advierte de que las investigaciones de la fiscalía "tienen una duración máxima de seis meses", tras los cuales se "lesionaría gravemente una serie de bienes jurídicos". A partir de este punto, el alcalde de Santa Cruz se refiere a que las diligencias abiertas por Anticorrupción han superado ese plazo, por lo que solicita que se archiven.

"Causa inquisitorial"

Zerolo entiende que la fiscalía ha conculcado los principios de contradicción, defensa y proporcionalidad. "No puede la fiscalía vulnerar bajo ningún concepto, con ninguna excusa y en ningún procedimiento, ningún derecho fundamental" y, por tanto, el alcalde entiende que "se está actuando de forma incorrecta, excediéndose de las facultades y contraviniéndose el procedimiento legalmente establecido". Y añade: "No hay posibilidad de hacer frente a una causa general, radicalmente inquisitorial, ayuna de la transparencia que la contradicción y defensa le imponen, y poner coto a la difamación o desinformación emprendida por ciertos medios con ánimo de destruir, al menos políticamente, al firmante".

El alcalde censura a la fiscal por abrirle una investigación sin habérsele informado del hecho que se le atribuye, que se "desprecie" su derecho a ser oído vulnerando varios artículos, que se hayan revisado cuentas bancarias, tarjetas y cajas de seguridad, una actuación para la que, asegura, "esta fiscalía no está autorizada", sólo la fiscalía especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas.