El juez cita al dueño de Can Ricart para aclarar de quién es la propiedad

El juez que tramita el caso de la ocupación de Can Ricart, en Barcelona, ha citado para el próximo lunes al dueño del recinto para que acredite su condición de propietario. La decisión judicial se produce después de que el juez considerase que "no consta con claridad la propiedad del terreno o locales ocupados" en la documentación que acompaña la denuncia y que motivó que los Mossos d'Esquadra solicitasen autorización para desalojar la zona.

El magistrado Emili Soler desestimó la petición policial de desalojo por considerar que no existía riesgo para los okupas ni para las instalaciones. También entendió que no se iban a producir "inminentes perjuicios económicos" para el denunciante ni para terceras personas.

Las instalaciones de Can Ricart, asegura el juez en una resolución fechada el pasado día 3, están a la espera de "su suerte urbanística", por lo que tampoco están pendientes de demolición, del mismo modo que el mantenimiento de la situación actual no representará gastos cuantiosos ni perjuicios irreparables para un propietario que "se desconoce con certeza".

Por eso, el juez decidió rechazar el desalojo urgente hasta que tuviera más datos y hubiera oído a los interesados. Y ese proceso, que puede durar varios meses, es el que se iniciará el lunes con la comparecencia del que se considera propietario de las instalaciones. El juez razonó en su resolución que primero ha de aclarar las circunstancias en las que se produjo la ocupación y la actuación de los vigilantes jurados, "que fueron abordados por los invasores", así como identificar a los okupas. De ahí que, en su opinión, no pueda acordar el desalojo urgente que pidieron los Mossos "sin las debidas garantías".

Solución bloqueada

En el quinto día de ocupación de Can Ricart, la solución por la vía de la negociación política también parece lejana. Los okupas denunciaron ayer que ningún responsable del Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto en contacto con ellos y reiteraron que no piensan abandonar el recinto, donde reanudarán las actividades circenses que desarrollaban en La Makabra antes de que este recinto del Poblenou fuera desalojado.

La situación parece cercana al bloqueo si se tiene en cuenta que el propio alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, endureció ayer su posición. A juicio de Hereu, es "imposible" negociar con el colectivo okupa porque "utiliza métodos que atentan contra las reglas democráticas y la convivencia".

En una rueda de prensa conjunta con los artistas okupas, el portavoz de la plataforma Salvem Can Ricart, Manel Andreu, advirtió ayer del riesgo de que el consistorio se enroque en sus planteamientos: "Si se niegan a negociar, nos encontraremos en una situación de fuerza que no conviene a nadie". Sólo uno de los tres partidos que integran el gobierno municipal, Iniciativa per Catalunya Verds, ha mostrado su disposición a dialogar con el colectivo, incluso mientras prosiga la ocupación de Can Ricart.

La visible alianza entre los vecinos del Poblenou y el colectivo de La Makabra tiene como objetivo que se reabra el debate sobre el futuro de Can Ricart, cuyo proyecto de preservación fue aprobado en pleno por el Ayuntamiento de Barcelona. La plataforma vecinal pretende que todo el recinto se conserve y sea de uso público, y los okupas, disponer de amplios espacios para ensayar.