Cuestiones de orden

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes un decreto que introduce limitaciones al crecimiento urbanístico y poblacional en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). La Junta de Andalucía no permitirá de acuerdo con esta norma, desarrollos superiores al 40% en suelo urbanizable en cada municipio, o del 30% de aumento en la población de cada localidad. Esta norma, que nace con la premisa de poner coto a los escándalos urbanísticos y al crecimiento salvaje de algunos municipios, ha provocado que los empresarios y promotores inmobiliarios andaluces hayan saltado como un resorte para cuestionar estas limitaciones.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, afirmó que estos límites abocarán a Andalucía a su mayor crisis económica de los últimos años. Como una gota de agua, el presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios (Fadeco), Francisco Javier de Aspe, ahondó en esta visión apocalíptica sobre el futuro de Andalucía, y cuestionó este decreto que tildó de "moratoria urbanística encubierta" bajo la que, según denunció, subyace "una política de corte ideológico marxista".

Mientras Izquierda Unida, el PSOE andaluz y los sindicatos han aplaudido la determinación de la Junta de Andalucía por establecer unos límites hasta ahora inexistentes en la planificación urbanística de Andalucía, el PP ha afeado a la Consejería de Obras Públicas y Transportes y se ha alineado con la patronal. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, cuestionó ambas limitaciones, dijo no entender los crecimientos "lineales" que, a su juicio, establecerá el POTA en una comunidad con 770 municipios, sin tener en cuenta que este nuevo plan de ordenación será desarrollado a su vez por planes subregionales. Aportó un dato "revelador", en su opinión, para demostrar que se trata de una medida estrictamente política que crea "una enorme inseguridad jurídica a los empresarios". El 40% de crecimiento de suelo y el 30% de población en ocho años suponen un 5% y un 3,75% respectivamente por año, cuando la media de crecimiento de ambos indicadores en las últimas dos décadas en Andalucía apenas supera el 1%. "Son señales que demuestran que este control es ciertamente político y no tienen ningún estudio o experiencia que lo avale". Además cuestionó la medida de control poblacional que, según dijo, le suenan más a China que a Andalucía. "Aquí no necesitamos este tipo de límites", espetó.

Frente a estas tesis, la ejecutiva regional del PSOE andaluz defendió la medida aprobada por la Junta de Andalucía. El secretario de organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, sostuvo que estas limitaciones no frenan el sector de la construcción sino que frenan la especulación, en clara sintonía con lo manifestado por el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, quien ha refutado los ataques de la patronal hacia la Junta. Para justificar este convencimiento Pizarro detalló que la inversión pública en Andalucía en 2007, sumando las partidas del Gobierno central y el ejecutivo autonómico, sumarán 10.100 millones de euros en 2007. Por este mismo concepto, ambas administraciones públicas invierten este año más de 9.000 millones de euros. Estas cifras superan con creces la inversión "jamás efectuada" en la historia de Andalucía, muy por encima incluso del presupuesto que se gastó para la Exposición Universal de 1992. "Esto demuestra la gran y fuerte apuesta de los gobiernos socialistas por la construcción, con lo que los temores de la CEA y de los promotores inmobiliarios son desproporcionados, injustificados, sin sentido y fácilmente desmontables". "No se van a perder en ningún caso puestos de trabajo porque el POTA generará muchísimas oportunidades de riqueza y empleo y nunca deberá analizarse como si se tratara de un enemigo", defendió.