Lo que de verdad importa

Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Dependencia se ha intentado argumentar que para los ciudadanos aquello relevante no era quién era el titular de una determinada competencia sino que ésta se gestionase de manera adecuada. Hay quien ha llegado a contraponer el reconocimiento de derechos sociales con el respeto al marco competencial que la Constitución y los Estatutos de Autonomía garantizan, afirmando que lo importante era reconocer derechos y que lo secundario era respetar las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en materia de servicios sociales. No es éste un debate menor. Estamos discutiendo, en el fondo, sobre si el Estado autonómico es capaz de garantizar la cohesión social y la igualdad de derechos de los ciudadanos o, por el contrario, el modelo de Estado que proclamamos, de identidad plurinacional va en contra de la cohesión social y la igualdad de derechos.

No hay que confundir igualdad de derechos y cohesión social con uniformidad absoluta

Desde nuestra perspectiva, estamos convencidos que la manera más eficaz y más justa de garantizar la cohesión social y avanzar en la igualdad real de derechos exige respetar y desarrollar al máximo la capacidad de autogobierno de las Comunidades Autónomas. Exige no confundir igualdad de derechos y cohesión social con uniformidad absoluta y exclusión de la diversidad territorial de un Estado, de hecho, plural. Y no es casualidad que la Constitución en los artículos 41, 49 y 50 mandase a los poderes públicos, no sólo al Estado central, el desarrollo de las políticas que conforman el núcleo principal del Estado del Bienestar. La Ley de Dependencia, por el contrario, parte del supuesto que la única que puede garantizar el desarrollo del Estado del Bienestar es la Administración Central.

La Ley de Dependencia supone un claro retroceso en una concepción avanzada del Estado autonómico. Es una verdadera LOAPA social y con consecuencias en otros ámbitos, en la medida que supone una habilitación del artículo 149.1.1 de la Constitución contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se trata de un precepto que consigna un título competencial de contenido transversal, garante del principio de igualdad, y no atributivo de competencias específicas, invocación peligrosa para el futuro del modelo de Estado autonómico. Tal y como ha recordado muy acertadamente el Institut d'Estudis Autonòmics, con la visión que sustenta la Ley de Dependencia sobre la utilización del artículo 149.1.1 de la Constitución, el Estado va a tener capacidad de entrar a regular cualquier materia, sin límites, subvirtiendo el sistema de distribución de competencias y haciendo desaparecer, de facto, las competencias exclusivas.

Todo ello termina afectando a los ciudadanos, a sus derechos y al carácter justo y equitativo de las políticas sociales. Así, configurar el sistema de copago de manera uniforme, obviando las diferencias socioeconómicas de los diversos territorios, los diferentes costes de los servicios sociales, la diferente evolución del IPC, o sus niveles de renta, va a comportar que, tal y como sucede con otras políticas del Estado del Bienestar, que haya ciudadanos que terminen pagando, en términos comparativos, más de su bolsillo para acceder a determinados servicios sociales, sin que esas diferencias respondan a la idea que aquel que tiene más, debe contribuir más, incardinándose en una versión reaccionaria de la protección social.

O el hecho de que, de manera sorprendente, la financiación por parte del Estado de las políticas de dependencia se articule a través de convenios bilaterales y no por la incorporación al sistema de financiación autonómico de las necesidades de gasto autonómico asociadas a la dependencia, genera incertidumbre sobre el comportamiento del Estado, para el futuro, en el sostenimiento de esta política y vulnerándose en Euskadi los requerimientos del Concierto Económico.

Y es que si decidimos que el modelo de Estado que proclamamos en la Constitución era el que era, fue porque estábamos convencidos de que no sólo importaba a los ciudadanos, sino también y, sobre todo, era garantía de una sociedad más justa.

Carles Campuzano es diputado de CiU en el Congreso y ponente de la Ley de Dependencia. Emilio Olabarria es diputado del PNV en el Congreso y ponente de la Ley de Dependencia.