Las quejas al Defensor Europeo podrán hacerse en las lenguas cooficiales

El Gobierno y el Defensor del Pueblo Europeo suscribieron ayer en Bruselas un acuerdo que permite a los españoles utilizar las lenguas vernáculas cooficiales en sus reclamaciones sobre lo que consideren actuaciones deficientes de las instituciones europeas. Con ese pacto, quedan abiertos al uso del catalán/valenciano, gallego y euskera los principales organismos europeos. Pero el ciudadano español deberá esperar para dirigirse al Defensor del Pueblo porque todavía no se ha definido el organismo que debe realizar las traducciones.

La firma del acuerdo administrativo por el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, y el embajador de España ante la UE, Carlos Bastarreche, culmina el proceso abierto en junio de 2005, cuando el Consejo (los Gobierno de la Unión) reconocieron el derecho de los usuarios de las cuatro lenguas cooficiales reconocidas en la Constitución a utilizarlas en sus comunicaciones escritas con las instituciones y los órganos consultivos de la Unión, además de con el Defensor del Pueblo.

Venía defendiendo España que el empeño de acercar la Unión a los ciudadanos exigía que se les facilite, a ellos y a sus representantes, la comunicación en su lengua materna. Acabó imponiéndose, tras ciertas resistencias, el criterio español, que incluía el uso de esas lenguas minoritarias en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones y en las sesiones ministeriales del Consejo, en particular cuando acuda en la delegación española un representante de las autonomías.

Utilización efectiva

La puesta en práctica de los acuerdos con las distintas instituciones estaba supeditada a la firma de acuerdos administrativos como la que ayer se produjo.

Ninguna institución ha planteado tanta resistencia a la entrada en su seno de las lenguas vernáculas españolas como el Parlamento Europeo, que el pasado abril rechazó de plano la idea. Rectificó parcialmente en julio, cuando autorizó el uso de las cuatro lenguas en las comunicaciones de los ciudadanos con la Eurocámara, pero mantuvo la negativa a su uso por los eurodiputados en las sesiones plenarias.

Con al acuerdo de ayer, los ciudadanos españoles o cualquier otra persona física o jurídica que resida o tenga su sede en España, podrá dirigirse en una de las lenguas cooficiales al Defensor del Pueblo Europeo para reclamar sobre presuntas malas actuaciones de las instituciones u órganos de la Unión, campo en que tiene competencia el ombudsman. Fuera de su ámbito quedan las reivindicaciones relativas a las administraciones nacionales, regionales o locales de los 25.

El procedimiento establece que el ciudadano dirigirá su comunicación escrita a un organismo responsable de traducciones, que enviará al Defensor Europeo la versión en español. A ésa responderá el Defensor también en español para que el ente vierta su texto a la lengua vernácula y se la haga llegar al ciudadano demandante. En el acuerdo de ayer se reconoce que el organismo oficial traductor está por determinar.