El alcalde de Riba-roja justifica intereses familiares en el 'pelotazo' del Valencia

El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, del PP, admitió ayer que no hay proyecto urbanístico que pueda aprobar el Ayuntamiento de esta localidad valenciana (17.000 habitantes) sin que afecte a terrenos de algún familiar suyo, pero negó irregularidades urbanísticas. El alcalde declaró como imputado ante el juez por el pelotazo de Porxinos, el plan con el que el Valencia CF se aseguró en 2005 una nueva ciudad deportiva y ganó 80 millones de euros al vender la edificabilidad de 2.700 viviendas.

Tarazona rechazó que en sus 11 años de mandato su entorno haya participado en operaciones especulativas con vistas a reclasificaciones urbanísticas en la zona de expansión del plan de Porxinos, como denuncia la querella de dos concejales socialistas con datos registrales de compraventas de suelo. El alcalde rechazó las imputaciones de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, y aseguró que aprueba "todos" los proyectos con informes técnicos "favorables". La querella también acusa a Tarazona -y a sus sobrinos y concejales José Vicente Tarazona Campos y Cristina Vázquez Tarazona- de prevaricación por votar el plan de Porxinos. El proyecto incluía parcelas de la madre del alcalde hasta días antes de la aprobación y la querella sostiene que el interés familiar del alcalde al votar el proyecto seguía vivo, ya que los terrenos se han revalorizado y la empresa del presidente del Valencia CF, Juan Soler, mantiene opciones de compra sobre el terreno.

El alcalde no ve incompatibilidad alguna y ayer al abandonar el juzgado enfatizó que "nadie" de su familia "tiene ni un palmo de tierra" en Porxinos, aunque admitió que una allegada heredó suelo en 1995 adquirido por el club. El edil José Vicente Tarazona también negó las acusaciones ante el juez.