La Fiscalía se querella por malversación contra 16 ex directivos de Ferrocarrils de la Generalitat

El ministerio fiscal ha interpuesto una querella criminal contra 16 ex directivos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat por malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y prevaricación. El fiscal acusa a algunos de los máximos responsables de la compañía ferroviaria durante la época de CiU de contratar un plan de pensiones supuestamente ilegal por el que los directivos cobraron un total de 3,2 millones de euros. El ex presidente de la empresa, Enric Roig, percibió más de 55.000 euros en dietas indebidas, según consta en la querella.

La querella es contundente a la hora de relatar el presunto fraude, ocurrido durante la década de 1990. Según el fiscal, los ex directivos de FGC "abusaron de sus cargos" para "aumentar injustificada e ilegalmente sus retribuciones (...) con cargo a la cuenta de explotación de la empresa". Es decir, a costa de los fondos públicos que gestiona la compañía. En total, los 16 directivos querellados cobraron alrededor de 3,2 millones de euros.

La fórmula que permitió el cobro fue un plan de pensiones supuestamente irregular, contratado en 1991 y liquidado en 2001 con la aseguradora Winterthur. Mediante la realización de sucesivas aportaciones, los querellados lograron constituir un fondo por importe de 2,7 millones de euros. En contra de lo que marca la normativa, la operación no fue comunicada al consejo de administración de la compañía ferroviaria. La operación se llevó a cabo además "sin los preceptivos informes y autorizaciones".

"Con cargo a este fondo" -abunda el texto- los querellados percibieron "de forma ilegal e improcedente cantidades millonarias en detrimento del patrimonio (...) de FGC". El delito de malversación de caudales públicos está registrado en el artículo 432 del Código Penal.

Todos se llevaron su parte correspondiente a excepción de Albert Vilalta, que cesó como presidente precisamente en 1991. Vilalta fue más tarde consejero de Medio Ambiente en época de CiU, y ocupó el cargo de Secretario de Infraestructuras con el Gobierno del PP. Sin embargo, la Fiscalía se querella también contra él al considerar que "participó en la ideación de los hechos" junto con Enric Roig y Antoni Herce.

A Roig, presidente de FGC entre 1993 y 1999, se le atribuye la percepción "indebida e ilegal" de dietas por un importe total de 55.233 euros. Se trata de decenas de pequeños pagos percibidos por reuniones o actividades derivadas de su cargo. El resto de los directivos implicados se adhirió más tarde a la trama.

Vilalta y Roig suscribieron un contrato por el que se comprometían a constituir un fondo de previsión en favor de los trabajadores directivos de la empresa, bajo la apariencia de un fondo complementario de las pensiones de la Seguridad Social.

Variedad en los cobros

El porcentaje que obtenían estaba en función de los años de antigüedad del directivo en cuestión. Según una cláusula, el cobro podía llegar por jubilación, o bien porque el directivo causase baja en FGC, siempre y cuando tuvieran una antigüedad mínima de cinco años en la empresa.

Algunos de los 16 querellados cobraron bastante más que otros. El más beneficiado fue Enric Roig (1.070.196 euros), seguido de Josep Lluís Portabales (457.000 euros) y Josep Lluís Arqués (unos 289.000 euros). El menos "espabilado" fue el directivo Tomás Figueras, que percibió poco menos de 19.000 euros.

Además de los ya citados, la querella, presentada ante los juzgados de instrucción de Barcelona, se dirige contra otros directivos de FGC: Miquel Llevat, Llorenç Ledesma, Enric Domínguez, Eduardo Blasco, Josep Verdaguer, Víctor Canosa, Ramón Andreu, Albert Tortajada, Josep Oliva y Josep Lluís Suárez.

Según el fiscal, los querellados trataron de virar el rumbo cuando detectaron que podrían tener problemas. Así, entre 1993 y 1994 se dieron cuenta de que la concurrencia de dos pensiones públicas (la de la Seguridad Social y la suya propia, por ser FGC una empresa pública) podría dar lugar a incompatibilidades. Fue entonces cuando "decidieron rediseñar los contratos individuales suscritos por cada directivo ahora como premio de dedicación y permanencia".

Cuando se produjo el cambio de Gobierno en 2003, el tripartito descubrió las irregularidades y las puso en manos del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura de Cuentas. El diputado de ICV Joan Boada lo llevó a la fiscalía.