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El episcopado reitera que la unidad nacional es un bien que no puede ponerse a subasta

La instrucción pastoral advierte que crece el germen de maquiavelismo y autoritarismo

"¿Qué razones hay que justifiquen la ruptura [de España]?", se preguntan los obispos en la instrucción pastoral sobre La situación actual. El documento, de 54 páginas, fue avanzado la semana pasada y contiene las "orientaciones morales" que la Conferencia Episcopal cree que debe aportar ahora a una sociedad "cada vez más dividida y enfrentada" por culpa del Gobierno, de los políticos y del Parlamento. Sobre los nacionalismos, el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, reiteró ayer que la unidad nacional "es un bien que no puede ponerse a subasta".

"Nos preguntamos qué quiere Dios de nosotros en estos momentos". Con esta premisa inician los obispos este documento doctrinal, décimo de esta categoría en la historia de la Conferencia Episcopal Española. Los debates fueron animados porque, en palabras de su portavoz, unos querían "que se precisase más", y otros querían "que se precisase menos". La pastoral ha sido ratificada con 63 votos a favor, seis en contra, tres abstenciones y la ausencia intencionada de siete prelados.

La pastoral entra a fondo en los temas que preocupan al episcopado desde que gobierna el PSOE, es decir, la "reconciliación amenazada", los riesgos de la unidad de España, el laicismo beligerante, el desprecio a lo religioso, incluso el anticlericalismo renaciente, escriben.

"Nuestra historia reciente es más agitada y convulsa de lo que sería deseable. Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación, vuelve a hallarse dividida y enfrentada. Una utilización de la memoria histórica, guiada por una mentalidad selectiva, abre de nuevo viejas heridas de la Guerra Civil y aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados", dicen del primer tema.

También perciben los prelados el resurgir del "viejo anticlericalismo". Escriben: "Muchos tenían la esperanza de que el ordenamiento democrático de nuestra convivencia, regido por la Constitución de 1978, nos permitiría superar los viejos enfrentamientos que nos han dividido y empobrecido a nuestra patria, uno de los cuales era el enfrentamiento entre catolicismo y laicismo. Vemos con pesadumbre que en los últimos años vuelve a manifestarse un rechazo de la Iglesia que se presenta como algo más radical y profundo que la vuelta al viejo anticlericalismo". Afirman, incluso, que "en no pocos ambientes resulta difícil manifestarse como cristiano". También ven crecer "un peligroso germen de pragmatismo maquiavélico y de autoritarismo".

Los obispos observan como "antesala del totalitarismo" el que los parlamentarios y dirigentes de un grupo político que está en el poder crean que "pueden legislar según su propio criterio". "Una política que pretenda emanciparse del reconocimiento de la moral socialmente vigente degenera en dictadura, discriminación y desorden; es una sociedad desvertebrada, literalmente desorientada, fácil víctima de la manipulación, de la corrupción y del autoritarismo", añaden.

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Respecto a la unidad de España, el episcopado hace esta reflexión. "Si la coexistencia cultural y política, largamente prolongada, ha producido un entramado de múltiples relaciones familiares, profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas, ¿qué razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos? ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados?".

Lo que pueden los jueces

Los obispos dicen en la instrucción pastoral que "es absolutamente necesario respetar el recto funcionamiento de las instituciones, especialmente la libertad de los jueces". Es una andanada contra los políticos, que ayer mismo rebotó sobre los prelados cuando su portavoz, Martínez Camino, tuvo que salir con ardor en defensa del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez.

Un juzgado de Instrucción de esa ciudad ha ordenado abrir proceso contra ese arzobispo por posible delito de injurias y calumnias, acoso moral, coacciones y lesiones psicológicas a un ex canónigo y ex archivero de la catedral. Se trata del primer juicio contra una jerarquía de esta confesión en España.

"Las autoridades del Estado no pueden intervenir en la vida religiosa, no es su competencia. Los jueces no pueden gobernar a la Iglesia, no es su competencia", sostuvo ayer el portavoz episcopal.

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