Diez aciertos, diez errores

Diez aciertos. Diez horrores. Son dos decálogos propuestos por la Fundación para el Progreso de Madrid con la intención de evaluar la gestión urbanística y cultural, en sentido amplio, de la realidad madrileña durante el último año. Así lo hace desde hace siete años. Para ello cuenta con el criterio de un centenar de profesionales que se pronuncia sobre unos y otros y los que más atención concitan engrosan los 10 juicios definitivos. A los que acaba de emitir los ha denominado Catálogo de buenas prácticas y Guía de horrores urbanos, respectivamente.

Entre los aciertos, la fundación, que preside el ex edil de Izquierda Unida Francisco Herrera y se autodefine como carente de ánimo de lucro, incluye la conexión entre el metro y la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas; la ampliación del Banco de España; el cierre al tráfico de la calle de la Montera y la culminación de las obras de restauración de la basílica de San Francisco el Grande, tras treinta años de andamiajes.

Entre los horrores figuran: la contaminación atmosférica, que hace saltar los límites permisibles uno de cada cinco días; los carriles-bici, que hoy por hoy considera quiméricos; el deterioro del centro histórico de Madrid, incluyendo el de la Plaza Mayor; más la gestión del Museo de Bellas Artes de San Fernando, con carencias de personal que han impedido mantener abiertas todas sus salas; y, como culmen de los más horrorosos errores, los planes generales urbanísticos de Brunete, Morata de Tajuña, Las Rozas, Quijorna y Meco.

Lo primero que llama la atención en esta propuesta evaluatoria es que el principal tema polémico para los madrileños, el soterramiento de la M-30, no aparece más que de manera indirecta en el apartado vinculado a la contaminación.

"Ya en el informe del año pasado incluimos el problema de la M-30 entre el primero de los errores", explica Herrera. En el panorama regional, añade, "asistimos a un proceso inquietante, que consiste en la sustitución del tejido político democrático generado durante la transición, por una serie de clanes político-familiares configurados en torno a la transgresión urbanística". Ése es, en su opinión, el más peligroso de los horrores.

Las dianas y fallos señalados por esta fundación son, naturalmente opinables: no todo el mundo comparte sus juicios sobre la T-4 ni desdeña la situación de los carriles-bici. Pero lo que resulta insólito es que alguna entidad se tome la molestia, incluso se atreva, desde la vida civil madrileña, a enunciarlos. Amén de los partidos políticos de la oposición, entidades como el Colegio de Arquitectos, el Club de Debates Urbanos o las Jornadas de Patrimonio, así como algunos segmentos inconformistas del movimiento vecinal madrileño, acostumbran debatir críticamente aquello que las administraciones asentadas en Madrid consideran, indefectiblemente, logros. Pero, salvo los partidos -por prescripción obligada-, pocas de esas entidades cívicas sistematiza anualmente sus evaluaciones de manera tan detallada. La Fundación para el Progreso de Madrid persigue convertirse en referencias para la actuación administrativa, estatal, regional y municipal en Madrid. Y ello, porque el tiempo en que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, incluso la Administración estatal, sancionaban públicamente sus propios actos, los refrendaban, intercambiaban actuaciones y se colocaban sobre sus respectivas pecheras numerosas medallas, ya ha pasado. "Madrid necesita de instituciones civiles que digan a esas administraciones qué cosas están bien hechas y cuáles lo están mal", señala Herrera. Ocupar este lugar de observador con pretensión de imparcialidad es, dice, el propósito de la fundación que preside.