El Ayuntamiento quiere que un centro comercial sustituya a la torre Windsor

No más oficinas. O, al menos, no otro edificio de 30 plantas de oficinas en pleno corazón de Madrid. Ésa es la premisa de la que partirá el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón a la hora de conceder la licencia de un nuevo inmueble en el lugar que ocupaba la torre Windsor, incendiada el 12 de febrero de 2005 y posteriormente demolida. La empresa Asón Inmobiliaria, dueña del Windsor, aún no ha presentado un proyecto, pero el Ayuntamiento tiene ya clara su preferencia: un gran centro comercial (con oficinas, en caso de haberlas, sólo en las plantas superiores) o un hotel.

El equipo de Ruiz-Gallardón llegó en 2003 a la alcaldía con la promesa de vaciar de oficinas la almendra central de la ciudad, favoreciendo el uso residencial y comercial para "revitalizar" los distritos céntricos. En esa línea se enmarca, según responsables del Gobierno municipal, la decisión del alcalde de no autorizar un nuevo rascacielos de oficinas en el complejo Azca (Tetuán), el corazón financiero de la capital.

"Son los dueños del Windsor quienes deben presentar un proyecto explicando lo que quieren hacer ahora en ese suelo, pero el Ayuntamiento debe conceder la licencia. Y sólo se concederá para un edificio de uso comercial u hotelero", aseveran estos dirigentes. El nuevo inmueble tendría, "como máximo", la altura del original, y en ese caso podría conservar una zona de oficinas en los pisos superiores (ante la imposibilidad de levantar un centro comercial de 30 plantas). "Pero no tiene por qué ser tan alto, eso se verá", subrayan.

Azca es un espacio singular regulado por una ordenanza urbanística específica; esa normativa "impide taxativamente" el uso residencial en el suelo que ocupó el Windsor. "El uso es terciario: oficinas, comercial u hotelero", explican desde la Concejalía de Urbanismo. Los técnicos admiten que, teóricamente, el Ayuntamiento no puede vetar ninguna de esas tres variantes del uso terciario, pero señalan: "En casos como éstos, cuando se trata de levantar un edificio singular, el proyecto siempre es consensuado entre los propietarios y el Gobierno municipal; al fin y al cabo, el Ayuntamiento tiene la potestad de diseñar la ciudad. Así que, en realidad, sí puede rechazar un proyecto que implique meter otro bloque de oficinas en una zona ya saturada de ellas. En última instancia, podría hasta cambiar la ordenanza y definir como comercial ese suelo".

Este periódico intentó hablar ayer, sin éxito, con algún directivo de Asón Inmobiliaria, la empresa de la familia Reyzábal propietaria de la torre incendiada (y de muchos otros inmuebles en Madrid, entre ellos el 20% de la Torre Picasso). Los Reyzábal anunciaron el pasado mayo que ponían en venta todo el patrimonio de su empresa (incluido el suelo de Azca), aunque a día de hoy aún no hay comprador.

La torre Windsor -cuyas 30 plantas en la confluencia del paseo de la Castellana y la calle de Raimundo Fernández Villaverde compartían una decena de empresas y varias firmas de abogados- ardió como una tea la noche del 12 al 13 de febrero de 2005. El origen del fuego suscitó todo tipo de hipótesis, pero a principios de este año el juzgado número 28, instructor del caso, archivó la causa en su vertiente penal, al concluir que "no existen indicios" de que el incendio fuese intencionado.

El Ayuntamiento tardó seis meses en desmontar, con cuatro grúas gigantes, los restos chamuscados del Windsor. Esa demolición póstuma costó 22 millones de euros, pagados por la familia Reyzábal.