El PP arremete contra la obligatoriedad del catalán
El Partido Popular (PP) tomó ayer la delantera y dedicó las dos primeras iniciativas parlamentarias de la nueva legislatura autonómica a proponer que el catalán deje de ser la lengua vehicular de la escuela pública y concertada, y a pedir la supresión del régimen de sanciones sobre rotulación en los comercios que no utilicen la lengua catalana. Ambos puntos son la principal bandera de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, el nuevo partido político que ha logrado la elección de tres diputados autonómicos.
El portavoz parlamentario del PP, Francesc Vendrell, recordó que ambas propuestas responden a posiciones defendidas "desde siempre" por su partido en materia de política lingüística, y rechazó que esta iniciativa tenga que ver con la existencia de otra fuerza política que compite en el mismo espacio político.
Tanto como competir con Ciutadans, el PP pretende poner en apuros al nuevo presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, que en el debate de su investidura sostuvo el viernes que la lengua necesitada de protección y promoción sigue siendo el catalán. Pero Vendrell recordó ayer que en aquel debate, Montilla "se mostró partidario de la normalidad, de no crear problemas donde no los hay, y de la libertad de los ciudadanos para utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales".
El argumento utilizado por el PP es que la elección de idioma debe dejarse a la libre opción de los ciudadanos. Y que no hacerlo así "sí es crear problemas". Las dos proposiciones de ley presentadas ayer plantean que el castellano sea también lengua vehicular de la enseñanza primaria y secundaria en la escuela pública y la privada concertada y que la opción entre ambas quede en manos de los padres.
Este criterio fue rechazado ya en 1983, en la primera ley de normalización lingüística, porque se consideró que aplicarlo en la práctica iba a significar la creación de dos redes escolares paralelas en dos idiomas distintos. Y fue reafirmado en la vigente Ley de Política Lingüística de 1998.
En cuanto a las sanciones, que fueron introducidas en la ley de 1998, el PP propone simplemente su eliminación y el cierre sin sanción de los expedientes en curso, que según sus datos afectan a 298 empresas, de las que 102 son de fuera de Cataluña, aunque tienen establecimientos en esta comunidad.
