El PSPV denuncia una trama de intereses en Ayuntamientos del PP

El PSPV ha denunciado los vínculos empresariales existentes entre técnicos de Urbanismo de los Ayuntamientos de Benidorm y Sant Vicent del Raspeig, ambos gobernados por el PP. Estos funcionarios son además personas de confianza del consejero de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, sobre quien recae la responsabilidad de la obra pública en el Gobierno de la Generalitat.

Funcionarios afines a García Antón realizan informes sin disponer de compatibilidad

Este miembro del Consell, que preside Francisco Camps, además está casado con la alcaldesa de Sant Vicent, Luisa Pastor Lillo, pero antes de ser consejero de la Generalitat ejerció de técnico en el Ayuntamiento de Benidorm. El concejal socialista en esta localidad turística, Luis Ángel García, ha revelado que un técnico municipal, Javier Cartagena Mora, fue el asesor externo contratado por el Ayuntamiento de Sant Vicent para otorgar al promotor Enrique Ortiz la construcción del aparcamiento subterráneo del nuevo Consistorio en 2005, después de un complejo proceso de licitación en el que empataron en puntuación tres empresas: Lubasa, Ecisa y el propio Ortiz, con 90 puntos. Cartagena Mora firmó el estudio que decantó la balanza a favor de Enrique Ortiz, la empresa que acapara la mayor parte de los proyectos públicos adjudicados en Benidorm. Cartagena Mora es el ingeniero municipal de Benidorm, y ha firmado informes técnicos de trabajos de Ortiz en calidad de funcionario del Consistorio, algunos tan significativos como el de la Estación de Autobuses.

El edil socialista de Benidorm, tras reunirse su homólogo de Sant Vicent, Rufino Selva, denunció lo extraño de la concesión del aparcamiento a Ortiz y recordó otra coincidencia denunciada hace pocos días. El arquitecto municipal de Benidorm, José Luis Camarasa, redactó el proyecto del nuevo Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig junto a una empresa, Arquitectura i Iniciatives per a la Ciutat (AIC), que desarrolla varios proyectos en Benidorm que requieren de sus informes técnicos favorables.

Uno de estos trabajos ha sido el diseño del nuevo Ayuntamiento, una obra que ha incrementado su presupuesto de 10,8 millones de euros hasta más de 30. El responsable de firmar los informes para avalar el incremento ha sido Camarasa, según ha denunciado el PSPV. Tras solicitarlo en múltiples ocasiones, el PSPV obtuvo finalmente el pasado viernes el listado de compatibilidades de los funcionarios municipales de Benidorm, entre los que no figura Camarasa. El concejal de la oposición señaló que "aun teniendo concedida la compatibilidad, el técnico no podría colaborar con empresas que estén trabajando con el Ayuntamiento, porque existe jurisprudencia penal al respecto". El portavoz socialista, Agustín Navarro, fue más allá al señalar que "hay un círculo, en el que un arquitecto colabora con empresas que trabajan para el Ayuntamiento y que tiene que aprobar con informes modificaciones a sus proyectos". Camarasa negó estas acusaciones y señaló que el Consistorio de Sant Vicent le invitó a participar en la redacción del proyecto.

Para el PSPV, estos dos casos son sólo "la punta del iceberg" de una trama de mucho más calado que están investigando y que trasladarán a Fiscalía, en la que implican al consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón. Cuando Eduardo Zaplana abandonó la alcaldía de Benidorm para ocupar la presidencia de la Generalitat se llevó consigo a García Antón, que dejó en su puesto en el Ayuntamiento al que hasta entonces era su mano derecha, Gabriel Francisco Santiago. Santiago es el máximo dirigente del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa y ha defendido desde la vicepresidencia de la Junta de Usuarios del Vinalopó, que preside Andrés Martínez, las tesis del PP en la polémica del trasvase del Júcar.

El cuñado de García Antón, Rafael Pastor Lillo, también trabajaba en el Ayuntamiento de Benidorm, y según los socialistas, en la actualidad ha sido trasladado a Sant Vicent. La empresa que fundó el actual consejero, Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo, y a la que estuvo ligado hasta 1995, realiza varios trabajos para la Administración autonómica del PP, y los actuales administradores solidarios son Rafael Pastor Lillo y Gabriel Santiago Andrés.

Esta empresa fue la que presentó al Ayuntamiento de La Vila Joiosa las modificaciones del PGOU para recalificar los solares cercanos a Terra Mítica adquiridos por una empresa participada por familiares de Eduardo Zaplana, Los Almendros, SL. Entre los condicionantes impuestos por Infraestructuras en 2003 para aprobar el proyecto figuraba el desdoblamiento del puente y de la carretera CV-759 entre estas dos poblaciones. Infraestructuras adjudicó en 2004 a la empresa del cuñado de García Antón, Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo, SL, las obras de este vial, que se inauguró recientemente. Los Almendros, SL, pretende construir un campo de golf y 1.600 viviendas en esta zona, en la que se encuentran restos arqueológicos.