El sector inmobiliario trata de cambiar su imagen tras los escándalos urbanísticos
Las empresas presentan en la feria Urbe una imagen más respetuosa con el medio ambiente
"Estamos hartos de tantos insultos", comentaba ayer un responsable del sector inmobiliario en la inauguración de la sexta edición de Urbe Desarrollo. El sector sabe el daño que los escándalos urbanísticos han hecho a su imagen. La presión ciudadana y el cambio lento de ciclo tras una década prodigiosa obligan a reorientar estrategias. En Urbe se detecta esta preocupación: menos maquetas de campos de golf entre las iniciativas destacadas, hincapié en el entorno natural en los proyectos o un discurso casi generalizado por un desarrollo sostenible. Feria incluso regalaba un plantón de pino a los visitantes.
Feria Valencia trae a 100 compradores británicos para potenciar las ventas
Aunque diversos empresarios defendían ayer, incluso con cifras, que el urbanismo en la Comunidad Valenciana no es tan depredador como muchos critican, todos insistían en su discurso en la necesidad de desarrollar una actividad ordenada, sostenible medioambientalmente. Y pese a que en el certamen no faltan proyectos polémicos -como la maqueta de Mundo Ilusión que se muestra en el stand de Marina d'Or o la del nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol- muchas de las maquetas e imágenes mostradas en la feria evidencian este intento de limpiar una imagen dañada. "No hay foto sin un árbol", bromeaba un representante del certamen.
La presión ciudadana, las preferencias de los compradores europeos (mercado deseado por su capacidad adquisitiva y de crecimiento) por zonas poco masificadas y más rodeadas de naturaleza y la saturación de muchas zonas en primera línea de costa son también otros de los factores que están llevando al sector a potenciar una imagen más respetuosa con el medio ambiente.
En esta línea también se explica que buena parte de las declaraciones oficiales insistían en la gran oferta de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Esta oferta supone el 20% del total, según estimaciones oficiales.
Las buenas intenciones no evitaron que ayer Compromís pel Territori convocara una pequeña protesta a las puertas del recinto ferial. Su portavoz, Vicent Torres, calificó la feria de "Urbe Destrucción" y defendió que en el certamen se exponen "proyectos que no están aprobados, se sospecha de su legalidad, o, en todo caso, plantean un desarrollo excesivo, una destrucción del territorio, y no guardan relación con las necesidades de la población valenciana".
La oferta de Urbe deja claro que el sector inmobiliario cree que tiene aún mucho terreno por delante. "Queda mucho recorrido para plantarse un techo", explicaba ayer el presidente de la patronal de promotores inmobiliario de la Comunidad Valenciana, Francisco Murcia Puchades. Y es que pese a la "demagogia" y a los "ataques injustos", en palabras de Murcia, "los promotores seguimos optimistas".
El sector estima que en dos años el número de viviendas que se construirán en España bajará desde las 800.000 que fueron el tope el año pasado a la mitad. Nadie en el sector habla de parón porque las cifras siguen siendo muy altas aunque, como dice José Luis Miguel, presidente de Urbe, "el sector está adaptándose a un cambio de ciclo nada brusco". Un "aterrizaje suave" que obliga a una creciente profesionalización de un sector en el que en los últimos años no se ha vendido, sino que se ha despachado, en palabras del propietario de una empresa valenciana del sector.
Una de las líneas de trabajo en las que más se incide en el sector es la internacionalización. Muchas empresas están desarrollando proyectos en el extranjero. El sector, además, quiere profundizar en la atracción del residente extranjero, en concreto del británico. Feria Valencia traerá en esta edición de Urbe a 100 clientes británicos, muchos de ellos agentes inmobiliario. "Somos el 20% de la inversión de los ingleses en inmuebles en España", apunta José Luis Miguel.
González Pons evita decir cuántos PAI piensa aprobar
Esteban González Pons, consejero de Territorio y Vivienda, se mostró ayer esquivo y evitó dar detalles sobre los próximos Programas de Actuación Integrada (PAI) que se aprobarán. Y pese a que el sector ha vivido unos meses de nerviosismo por el frenazo en la aprobación de PAI, González Pons negó la mayor durante la inauguración de Urbe en Feria Valencia junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y aseguró que las comisiones territoriales de Urbanismo -encargadas de dar luz verde a los proyectos- no han estado paradas "en ningún momento", desde que él accedió a la Consejería de Territorio y Vivienda. González Pons aseguró que éstas trabajan "lenta, sosegada y digestivamente" y defendió que hay muchos municipios que tienen "necesidad de sacar conciertos previos y planes generales de ordenación urbana, por lo que las comisiones territoriales de urbanismo son organismos que no pueden estar parados".
En el tema en el que el consejero sí se explayó fue al hablar de temas urbanísticos vinculados con el Gobierno. González Pons aseguró que la Ley del Suelo impulsada por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y que ayer iniciaba su tramitación parlamentaria, "pone en evidencia las contracciones" de los socialistas que, por un lado, denuncian el urbanismo valenciano en Bruselas y, por otro, elaboran una ley "calcada" a la LUV (Ley Urbanística Valenciana).
El titular de Territorio ha solicitado la comparecencia en el Senado de la ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, para debatir, entre otras cuestiones, sobre cómo rebajar el precio del suelo.
El consejero trajo también a Urbe un nuevo anuncio bajo el brazo. El Consell, dijo, emitirá en febrero un decreto que reformará las normas de diseño y habitabilidad de las viviendas de la Comunidad Valenciana. Normas que se elaboraron hace 15 años, dijo, que "deben adaptarse" a los nuevos tiempos -que las cocinas dispongan de espacio para cuatro contenedores de basuras que permita separar los residuos, que las plazas de aparcamiento se adapten al tamaño de los vehículos de sus dueños o que los cuartos de baño sean más grandes-.
La norma es una reforma considerada menor por el sector tras una cascada de normativa en los últimos años ante la cual ayer, Benjamín Muñoz, secretario general de los promotores valencianos, pidió "prudencia" porque "puede encarecer la vivienda".
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