Galicia abre la batalla por la sede de la cooperación entre España y Portugal

La Xunta peleará hasta el final por conseguir que el futuro secretariado que debe gestionar los fondos europeos dedicados a la cooperación transfronteriza entre España y Portugal se instale en Vigo a partir de enero y no en Badajoz o Salamanca como pretenden, respectivamente, Extremadura y Castilla y León. La drástica reducción que experimentarán estos fondos durante el período 2007-2013 y la posibilidad de que su gestión se lleve a cabo fuera de Galicia condiciona el futuro de la Comunidad de Trabajo Galicia-Región Norte de Portugal.

La cooperación transfronteriza entre Galicia y la Región Norte de Portugal está a punto de sufrir un vuelco. El motivo es la decisión de la Unión Europea de unificar la gestión de los fondos destinados a la cooperación entre los territorios situados a lo largo de la frontera entre los dos países. A partir de enero, y al menos hasta el año 2013, un secretariado técnico de nueva creación será el eje del programa operativo que regulará las ayudas de la UE en materia de cooperación a ambos lados de la frontera. Y en él se integrará, como un subprograma más, todo lo relativo a la cooperación entre Galicia y la Región Norte de Portugal.

La gestión unificada ha hecho de la sede del secretariado un objetivo crucial para tres de las cuatro comunidades que tienen frontera con Portugal. Castilla y León ha presentado la candidatura de Salamanca; Galicia, la de Vigo, y Extremadura, la de Badajoz, pero esta última se ha convertido en la favorita gracias, según fuentes de la Xunta, a la connivencia de altos funcionarios de los ministerios de Economía de España y del de Política Territorial de Portugal.

El Gobierno gallego, sin embargo, no se ha rendido. La Xunta, con el visto bueno de la Comisión de Coordinación de la Región Norte de Portugal, ha enviado esta misma semana al Gobierno central y a las instituciones de la Unión Europea los documentos de constitución de una Agrupación de Cooperación Territorial, indispensable para ejercer las funciones encomendadas al secretariado técnico. Con este trámite Galicia toma ventaja en la preparación de los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para hacerse con la sede en disputa, pero va a necesitar algo más que eso para sortear las alianzas con las que ya cuenta la Junta de Extremadura.

"Hace falta una decisión política", subrayan fuentes de la Presidencia de la Xunta, sobre todo después de que Extremadura rechazara una solución de compromiso para compartir el secretariado, porque ninguna norma impide la apertura de subsedes en otras localidades. La intransigencia extremeña ha acabado por agotar la paciencia de la Xunta, que ha igualado la apuesta y ahora también persigue quedarse con la gestión de todo el programa operativo transfronterizo.

El pulso entre ambas comunidades, cuyos presidentes se verán las caras mañana en la cumbre hispano-lusa que tendrá lugar en Badajoz, deberá resolverse antes de fin de año. El resultado final dependerá, en buena parte, de la influencia que Emilio Pérez Touriño, sea capaz de ejercer ante el Gobierno central.

En la última reunión sobre el programa operativo, celebrada hace un mes en Lisboa, se decidieron los criterios de selección de la sede, entre los que no figuran la población de influencia, tal y como pretendía la Xunta, porque la eurorregión Galicia-Norte de Portugal concentra casi el 40% de los ciudadanos que habitan en el entorno de influencia de la frontera hispano-lusa.

La selección tendrá que decidirse en función de ocho criterios, entre los que destacan la localización, la accesibilidad a todas las regiones y capitales y la proximidad a la ciudad de frontera más próxima (Oporto, en el caso de Vigo). También se tendrán en cuenta la calidad de los servicios de la ciudad candidata, el apoyo logístico que le preste la región promotora, la coordinación con la región par (el Norte de Portugal), los factores de innovación y la experiencia acumulada.

El programa operativo, en el que figurarán los proyectos en torno a la frontera que recibirán fondos europeos hasta 2013, se ha discutido durante siete meses entre Lisboa y Madrid con la participación de las comunidades autónomas y las regiones portuguesas afectadas.