El ex delegado de la Zona Franca de Vigo autorizó gastos fraudulentos por 25 millones

La Zona Franca de Vigo ha destapado un intento de fraude de su ex delegado del Estado Pablo Egerique por valor de 25 millones de euros. Egerique, ex presidente del PP vigués, intentó realizar una operación de suelo para dos parques empresariales por un precio que los servicios económicos del organismo, dependiente del Ministerio de Economía, consideran desmesurado. Un informe de la Zona Franca cifra el quebranto económico de la operación en 40 millones, y califica los hechos de "cúmulo de responsabilidades legales" e "indicios de maquinación en fraude".

Entre los años 2001 y 2002, Egerique emprendió las gestiones para promover un parque empresarial en Salceda de Caselas y otro en Cangas y Bueu. En el primer caso, el entonces delegado del Estado en la Zona Franca autorizó un gasto de 15 millones para la adquisición de dos concesiones mineras a las que, a juicio de los servicios jurídicos del organismo, no estaba obligado a compensar. En Cangas y Bueu, el ex delegado aceptó un precio seis veces superior a una valoración pericial encargada por el organismo, y que Egerique ocultó al pleno del consorcio.

El quebranto económico que hubiese supuesto la actuación, paralizada por el sucesor de Egerique, Francisco López Peña, hubiese ascendido a 40 millones de euros, según el informe del departamento de Gestión de Suelo de la Zona Franca, trasladado a la Abogacía del Estado. Ello se debe a que el pago a las entidades mineras se estableció en tres millones de euros en efectivo, y el resto en 156.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en los futuros parques empresariales.

El informe del Departamento de Gestión de Suelo detalla un "cúmulo de irregularidades" en el proceso que, según sus conclusiones, pudieran suponer "algún tipo de responsabilidad legal". El relevo en la Zona Franca, derivado del cambio en el Gobierno central, y el archivo del plan urbanístico de Cangas frustraron las dos operaciones, aunque el consorcio se encuentra en litigios con los titulares de las concesiones mineras para recuperar los tres millones de euros adelantados.

En el caso del parque empresarial de Salceda, Egerique, que preside en la actualidad el Consello Económico e Social de Galicia, rompió el criterio mantenido por sus antecesores, que en 1993 emprendieron la construcción de otro polígono en Porriño sin pagar indemnización a las mismas concesiones mineras, al considerar que sólo constituían expectativas de derecho. Los nueve litigios emprendidos por las sociedades afectadas, Sial y Cerámicas Mas, dieron lugar a sentencias favorables al consorcio. Un año antes de que la Zona Franca aprobara un precio de cinco millones de euros por Mas, los propietarios de Sial adquirieron la totalidad de sus acciones por sólo 300.121 euros.

"Grave irregularidad"

El estudio jurídico de la Zona Franca revela además que la contratación se realizó sin expediente administrativo, por lo que carecía de crédito y de informe del servicio jurídico sobre el pliego de cláusulas administrativas. Egerique elevó al pleno del organismo una propuesta de adquisición por un precio un 15% superior al aprobado por el comité ejecutivo, que se había reunido sólo unos minutos antes, lo que según el informe constituye "una grave irregularidad".

En el caso del parque empresarial de Cangas y Bueu, el anterior delegado del Estado en el consorcio aprobó la adquisición de 774.181 metros cuadrados de terreno y los derechos de una explotación minera a un precio de 10,6 millones de euros, a razón de 13,72 euros el metro cuadrado. Sólo dos años antes, las fincas habían sido inscritas en el registro a un valor medio de 1,07 euros el metro. Al pleno del organismo se le ocultó una valoración pericial realizada siete meses antes de la operación, que determinaba unos precios de 2,28 euros por metro cuadrado.

El informe trasladado a la Abogacía del Estado revela que en los meses anteriores a la adquisición, "en parte coincidiendo con el proceso de toma de decisiones del consorcio", se produjeron sucesivas transmisiones de la propiedad. Así, varias de las fincas afectadas fueron enajenadas en marzo de 2001 por un valor de 0,30 euros por metro cuadrado. En mayo del siguiente año, Promociones y Maderas Lago Rey las adquirió por un valor 20 veces superior.

"Los indicios de la presencia de una maquinación en fraude del organismo vigués en tal operación son, pues, notorios", concluye el informe de la Zona Franca, que señala que las restantes fincas adquiridas por el organismo fueron objeto de enajenaciones sucesivas, "en condiciones análogas a las descritas".