PSOE y PP salvan el Estatuto balear al reconocer un régimen especial económico y un fondo para siete años

PSOE y PP recuperaron ayer su acuerdo en torno al Estatuto de Baleares al encontrar una fórmula común para garantizar las inversiones del Estado en las Islas. Una Ley de las Cortes Generales regulará el régimen especial balear que "reconocerá el hecho específico y diferencial de su insularidad", señala la disposición adicional sexta del proyecto de nuevo Estatuto. La Administración General del Estado ajustará sus políticas públicas a "la realidad pluriinsular de las Illes Balears, especialmente en materia de transportes, infraestructuras, telecomunicaciones, energía, medioambiente, turismo y pesca". Para garantizar lo anterior en esa ley se regulará "un instrumento financiero que, con independencia del sistema de financiación de la comunidad autónoma, dote de los fondos necesarios para su aplicación".

Pero mientras esa ley toma cuerpo, se establece un sistema transitorio de siete años. Ahora, con este Estatuto se crea un nuevo criterio de financiación, diferente del de Cataluña o al de Andalucía. Mientras las Cortes Generales aprueban la ley y, en todo caso, "en un plazo no superior a siete años, la inversión del Estado se establecerá atendiendo a la inversión media per cápita realizada en las comunidades autónomas de régimen común, teniendo presente las circunstancias derivadas de los hechos diferenciales y excepcionales de las Illes Baleares con incidencia en la cuantificación de la inversión pública". Así señala la disposición transitoria octava que ayer acordaron en el Congreso, por parte de los socialistas, el candidato a la presidencia de las islas, Francesc Antich; el portavoz parlamentario, Diego López Garrido; el portavoz constitucional, Ramón Jáuregui; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Fran Caamaño, y José Luis Rodríguez, de la Presidencia del Gobierno. Del lado del PP negociaron el consejero de Economía, Luis Ramis; la responsable autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, y las diputadas Rosa Estarás y María Salóm.

La satisfacción y las felicitaciones mutuas se produjeron al sellar el acuerdo con estrechamiento de manos. Eso sí, cada cual destacó el triunfo de sus posiciones. El PP no aceptaba que el criterio de financiación fuera el PIB y el PSOE se negaba a poner cifras concretas de inversión. Pero el presidente autonómico Jaume Matas echó cuentas. Anoche detalló en Palma que el Estado garantizará una financiación adicional de 2.500 millones de euros a lo largo de siete años, en lugar de los 3.000 millones en una década estipulados inicialmente. Además, el acuerdo estatutario balear del PP-PSOE incorpora su cláusula para que "cualquier reconocimiento económico y fiscal a la insularidad, en la UE y del Estado, que corresponda a Canarias sea aplicable a Baleares, siempre que no sea por su 'ultraperificidad'", reseñó.

El PP ha logrado "la garantía" de que el nuevo Estatuto esté aprobado y en vigor antes de la campaña electoral autonómica de mayo de 2007, para que sea efectiva la separación electoral de las islas de Ibiza y Formentera en dos consejos insulares y sendas listas, lo que favorece sus expectativas políticas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 22 de noviembre de 2006.

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