Villepin quiere suavizar la conflictiva ley francesa contra la delincuencia elaborada por Sarkozy

El proyecto de ley contra la delincuencia del ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, entró ayer en su fase de aprobación definitiva en la Asamblea Nacional, de donde probablemente saldrá dulcificada, en parte por las presiones del propio Gobierno que encabeza Dominique de Villepin. Tras sufrir innumerables cambios desde que en 2003 se presentara el primer borrador, el texto se basa en un expeditivo concepto expresado sin matices por el candidato favorito de la derecha a la presidencia: "La sanción es el primer instrumento de la prevención".

La ley contempla principalmente una reforma de la justicia para los menores, cuyos procesos se acelerarían y pasarían a manos de los jueces que podrían declarar el ingreso inmediato de los jóvenes delincuentes en centros cerrados. Otro de los aspectos novedosos del proyecto de Sarkozy es la integración de los alcaldes en el proceso de prevención de la delincuencia, de modo que podrán coordinar el trabajo de los asistentes sociales y retener o negar las ayudas económicas que reciben las familias si consideran que han hecho dejación de sus deberes respecto a la educación de sus hijos.

Sarkozy ha conseguido introducir también el llamado delito de "emboscada" a las fuerzas del orden, redactado para castigar la epidemia de ataques contra policías que ha afectado a los barrios conflictivos en los últimos tiempos.

El ministro del Interior, que tuvo que renunciar a algunos aspectos especialmente duros de su ley por ser anticonstitucionales, se enfrenta ahora a la incógnita de si su propio partido le respaldará al 100% en la votación final. Las dudas crecen conforme se acercan las elecciones presidenciales. La titular de Defensa, Michèle Alliot-Marie, la semana pasada, en presencia de propio Sarkozy criticó a "aquellos que consideran a los jóvenes como delincuentes en potencia".

Además, los colectivos afectados por la ley también son críticos con ésta. Los alcaldes, por ejemplo, se resisten a "convertirse en sheriff o delegados del procurador de la República", según dijo el presidente de la federación del alcaldes socialistas Claudy Lebreton. Los magistrados, a su vez, critican que se ponga todo el énfasis en la represión y ninguno en la prevención y la policía también está dividida al respecto al texto legal.