Certificaciones ficticias y facturas dudosas en las cuentas de Villar

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, desveló ayer que la fiscalía y la abogacía del Estado de dicho organismo han comprobado indicios de responsabilidad contable en 15 apartados de los balances de 2002 y 2003 de la Federación Española de Fútbol (FEF). Nieto anunció en el Congreso que en las cuentas de la FEF hay "facturas dudosas", "certificaciones ficticias" y "falta de justificantes". Todos los grupos políticos coincidieron en que la actuación federativa "es intolerable" y que la fiscalía debe intervenir en el caso.

Nieto explicó en el Congreso que el informe del Tribunal de Cuentas demuestra que el control del CSD -cuando era presidido por Juan Antonio Gómez Angulo, del PP- "fue muy insuficiente" y que los justificantes aportados por la federación no permiten conocer el destino de las subvenciones". El informe se centra en los balances de los cuatro apartados por los que la federación recibe dinero público: subvención directa del CSD, ingresos del 1% de la recaudación de las quinielas, aportación del CSD para la construcción de la Ciudad Deportiva y ayuda de la Liga Profesional del porcentaje que ésta recibe de las quinielas. Los ingresos del erario público por esos capítulos que la federación recibió en 2002 y 2003 se eleva a 23 millones de euros.

El informe apunta que "se han apreciado importantes deficiencias e incumplimientos legales en la concesión de las subvenciones del CSD y que la federación no ha justificado el destino de algunos de los fondos públicos percibidos".

Los representantes de los grupos parlamentarios, en sus intervenciones tras la exposición del presidente del Tribunal, coincidieron en destacar el "desorden y descontrol" en los balances de la federación. Luis Salvador, senador del PSOE por Granada, calificó de "demoledoras" las conclusiones del informe. También consideró "escandaloso" que un mismo justificante superior a los dos millones se aporte para acreditar partidas del CSD y de la Liga Profesional o el pago a los jugadores internacionales de sus primas sin retenciones del IRPF sin señalar su residencia fiscal. El informe del Tribunal, además, incide en la "falta de justificación, como interés público" de la subvención de 1,7 millones de euros para compensar a los internacionales por la cesión de sus derechos de imagen, "cuando el resultado", como señaló Luis Salvador, "revierte en la federación para lograr beneficios propios".

El portavoz del PP, Francisco Antonio González, insistió en "la falta de rigor en las cuentas de la federación" y en "buscar la fórmula para que se reintegre lo no justificado", opinión en la que coincidió Isaura Navarro, portavoz de Izquierda Unida, tras catalogar de "alarmante" el informe. Navarro concluyó pidiendo la intervención de la fiscalía con la mayor brevedad "porque la actuación de la federación es intolerable".

Como respuesta, el presidente del Tribunal de Cuentas anunció que "el fiscal y el abogado del Estado han apreciado indicios de responsabilidad contable en 15 apartados de las cuentas de la federación por la falta de justificantes, facturas dudosas y certificaciones ficticias. El informe ha pasado a la sección de enjuiciamiento, donde está en fase de diligencias previas y donde se determinará si hay responsabilidades penales". De esos 15 casos, Nieto sólo mencionó las obras de dos campos de Tenerife, sobre los que no se aporta documento original, solo fotocopias, y que la subvención no se corresponde con la obra realizada, y una factura ficticia de 4,5 millones "relativa a los acopios de materiales" para la Ciudad Deportiva.

El CSD, según recordó Luis Salvador, ha iniciado ya un expediente de reintegro de la subvención percibida por la Federación y que no ha sido justificada. La cifra a devolver supera los 3 millones de euros. La federación, por su parte, en su revista oficial del pasado mes, indica que "presentó todos los documentos necesarios en justificación de cantidades que podían ofrecer dudas al tribunal" y que éste "manifestó que no procedía analizarlos ya que en esta fase sólo pretendía detectar las prácticas erróneas en la gestión de los fondos públicos".