Ley de deuda: ¿oportunidad perdida?

La deuda externa que los países más empobrecidos se ven obligados a pagar año tras año es una deuda ilegítima, pues en gran parte fue contraída por gobiernos dictatoriales y corruptos que no usaron estos recursos en beneficio de sus poblaciones; los créditos fueron concedidos sin tener en cuenta cuál iba a ser el destino de estos fondos. Actualmente esta deuda asciende a 2,4 billones de dólares, cuatro veces más que en 1980, y los Estados que recibieron los créditos han pagado ya más de siete veces lo recibido; los altos intereses han provocado esta situación que hace que muchos países dediquen hasta un 50% de su PIB en el pago de esta deuda.

El Estado español es acreedor de 10.000 millones de euros; esta deuda se ha generado por la concesión de créditos a los países empobrecidos para promover la expansión de las empresas españolas (los llamados créditos FAD, incluidos en la Ayuda Oficial al Desarrollo española -AOD-) y por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). En ambos casos se utilizan recursos públicos para proteger la inversión española en el exterior sin ninguna protección de las condiciones medioambientales y sociales y sin cuidar su impacto sobre la deuda externa de estos países.

El Gobierno del PSOE plantea la inminente aprobación en el Congreso español de una ley de deuda que en sus disposiciones transitorias cuarta y quinta aumenta en 526 millones de euros los créditos FAD que generarán más deuda; la condicionalidad en beneficio de intereses de transnacionales españolas es también un aspecto insolidario de esta ley.

La sociedad civil está exigiendo mayores dosis de solidaridad internacional, a lo que los gobiernos han de responder en las leyes y medidas que aprueban. Entre los Estados europeos destaca Noruega que recientemente ha cancelado las deudas de cinco países empobrecidos (Ecuador, Perú, Jamaica, Egipto y Sierra Leona); la razón expuesta por el Gobierno noruego para esta cancelación ha sido clara: "una política de desarrollo fallida". Lejos de esta postura, el Gobierno español, que no repara en sacar beneficio de las poblaciones más empobrecidas, que sigue sin controlar los daños medioambientales y sociales de sus transnacionales en el exterior y que se extraña y reacciona violentamente ante las oleadas de inmigrantes que llegan a nuestras costas, no está respondiendo a una pregunta que nos hacemos muchas personas de nuestro Estado: ¿quién debe a quién.