Dos jueces, un caso

La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha decidido justo lo contrario que su colega de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el caso sobre la supuesta falsificación del informe sobre el ácido bórico con el que se pretendió relacionar a ETA con el 11-M: ha exculpado de falsedad documental a los peritos que elaboraron el informe e imputado a sus superiores y responsables de la Comisaría General de Policía Científica.

Tras la constatación judicial, que no ha sido impugnada por nadie, del carácter inocuo del ácido bórico y la corroboración de que no es una sustancia explosiva, la pregunta inevitable no es por qué los responsables de la Policía Científica ordenaron suprimir del informe una supuesta relación de ETA con el 11-M basada en esta sustancia, sino por qué los peritos insistieron en mantener esa relación con una base científica tan falta de rigor. Esa pregunta planeará sobre el proceso y con mayor motivo tras haber esbozado Garzón y Gallego respuestas diametralmente opuestas a la misma en sus respectivos autos.

La falsedad documental es un delito técnicamente muy complejo, pero parece evidente que los superiores de los peritos estaban facultados para actuar como lo hicieron, como señaló Garzón, de acuerdo con las normas de jerarquía y de calidad que rigen un centro administrativo. Mantener lo contrario, como se deduce del auto de la juez Gallego, de modo que se otorgue carácter oficial a un informe en curso de elaboración y antes de que los responsables del centro le den su visto bueno y la orden de salida, no dejaría de plantear serios problemas de funcionamiento interno en los organismos administrativos del Estado.

No hay que minimizar que dos jueces que investigan en primera instancia un mismo hecho, si bien centrados en aspectos distintos del mismo -Garzón, la naturaleza del ácido bórico y Gallego, la confección del informe que analiza esa sustancia- difieran tan diametralmente en sus conclusiones. Cuando menos, esa disparidad produce perplejidad y proyecta una imagen personalista que, al tiempo que mina la credibilidad del sistema, acrecienta el recelo ciudadano ante los jueces. Sería, en todo caso, gravísimo que todo se debiera a los alineamientos ideológicos sobre la autoría del 11-M que parecen haber prendido en la judicatura.