Martínez Ten presidirá el Consejo de Seguridad Nuclear

El Gobierno tiene previsto nombrar hoy a Carmen Martínez Ten como presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, según fuentes próximas al Ejecutivo. Martínez Ten, que ya es consejera del organismo a propuesta del PSOE, sustituirá a María Teresa Estevan Bolea, que dejó el cargo por jubilación. Además, el profesor de Física Francesc Morales reemplazará al consejero propuesto por el PSOE Alfonso Azuara, y Antonio Colino y Luis Gámir entrarán a propuesta del PP para sustituir a Paloma Sendín y Estevan Bolea, propuestas en su día a instancias de los conservadores.

El Gobierno ha optado por Martínez Ten, que entró en el Consejo de Seguridad Nuclear en 1995 como Jefa del Gabinete de la presidencia del organismo. En 2001 fue nombrada consejera a propuesta del PSOE. Martínez Ten, nacida en 1953, es licenciada en Medicina y ha mantenido un prolongado enfrentamiento con la saliente Estevan Bolea. Además, el PSOE ha elegido a Morales como sustituto de a cambio de Azuara, actual vicepresidente en funciones y a menudo alineado con la presidenta saliente.

La plaza de Estevan Bolea la cubrirá Antonio Colino, ex presidente de la Empresa Nacional de Residuos en la etapa del PP y miembro de la comisión de energía de este partido y abiertamente pronuclear. Además, Luis Gámir, ex ministro con la UCD, ocupará la otra consejería que tradicionalmente corresponde al PP. El quinto consejero seguirá siendo Julio Barceló a propuesta de CiU, cuyo mandato expira en 2007.

Reforma legal

Con el reparto de consejeros entre los dos grandes partidos queda resuelta la sucesión de Estevan Bolea, que salió en octubre al cumplir 70 años. El Gobierno y el PSOE pilotarán así la reforma de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, paralizada desde hace más de un año en el congreso, o el polémico tema del cierre de la central de la nuclear de Garoña cuando expire su permiso en 2009, algo a lo que Estevan Bolea y Azuara se oponían.

El PSOE ha esperado a la jubilación de Estevan Bolea aunque en 2005 intentó forzar su salida después de que ésta enviara al Congreso un informe maquillado sobre el suceso de Vandellòs II. Aunque se mantuvo en el cargo, el Congreso censuró por unanimidad su gestión.

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