El error andaluz

Perdonen que me repita, pero me temo que las reservas que manifesté en este mismo espacio hace unas semanas respecto de la posición que podría mantener el PP en la campaña del referéndum de ratificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, están empezando a tomar cuerpo. Entre los medios de comunicación que no solo acompañan, sino que con frecuencia intentan y consiguen marcarle el paso a la dirección del PP, se está poniendo en circulación como moneda corriente la expresión "error andaluz" para caracterizar la decisión de dicho partido en las Cortes Generales en la fase final de aprobación de la reforma estatutaria. "El PP no debe repetir el error andaluz en Galicia" eran las palabras textuales con las que encabezaba uno de sus comentarios ayer jueves El Mundo.

Tengo la impresión de que el debate en el interior del PP no está cerrado. Es obvio que el PP ya no puede dar marcha atrás a su decisión aprobatoria de la reforma estatutaria andaluza y, en consecuencia, es también obvio que ya no podrá interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la misma, como hizo contra la reforma catalana, pero en el interior del PP parece haber reservas no menores acerca del acierto en la votación positiva del Estatuto andaluz.

Ello puede conducir a que el PP haga una campaña en el referéndum de ratificación más pensando en como no dividirse internamente que en defender el texto del estatuto y en solicitar abiertamente, de manera clara e inequívoca, el apoyo de los ciudadanos andaluces.

Si esto ocurre y me temo que puede ocurrir, podríamos encontrarnos de nuevo en una situación no muy distinta a la que hemos tenido en estos últimos veinticinco años. Los problemas estatuyentes, y la reforma del Estatuto lo es, aunque no lo sea originario, sino derivado, pero lo es, son problemas ante todo de naturaleza política, que después acaban traduciéndose en norma jurídica. Y lo decisivo para dar una respuesta apropiada a tales problemas es la apuesta política que se hace por parte de los agentes de la reforma. El nuevo Estatuto tiene que ser, por supuesto, una norma que no es cuestionada jurídicamente. Esta es condición necesaria para que pueda ser la norma que regule eficazmente nuestra convivencia. Pero no es condición suficiente. El llamada Estatuto de Carmona tampoco fue impugnado jurídicamente y, sin embargo, todos hemos sido conscientes de su déficit de legitimidad como consecuencia de que una parte muy importante de la sociedad andaluza no sentía haber participado en su gestación y se sentía, por tanto, ajena al mismo. Un Estatuto no solamente no tiene que ser impugnado, sino que tiene que ser expresamente apoyado, sin reservas de ningún tipo. Únicamente de esta manera puede tener la legitimidad plena que le proporciona el ser aceptado como propio por la inmensa mayoría de la sociedad.

Esto es lo que necesita el nuevo Estatuto de Autonomía que vamos a refrendar el próximo 25 de febrero. El Estatuto reformado debe diferenciarse del Estatuto originario en que en esta ocasión debe ser el conjunto de la sociedad andaluza y no solamente una parte de la misma la que está detrás del mismo. El PP no puede solicitar el voto con el discurso de que la aprobación del Estatuto ha sido un error, pero que la no aprobación hubiera sido un error todavía mayor.

Me temo que este discurso es el que acabe imponiéndose en el interior del PP en los próximos meses. Si así fuera, el esfuerzo que se ha hecho en la fase final de tramitación de la reforma para alcanzar un acuerdo habría servido de poco. El nuevo Estatuto necesita que el PP y la parte de la sociedad andaluza que el PP representa lo apoye sin reservas, como el Estatuto que no es el suyo, pero que tampoco es el de nadie y que, precisamente por eso, puede ser el de todos. Ello exige descartar desde ya el discurso del "error andaluz" y expresar la propia opinión en términos positivos. El PP no ha cometido un error andaluz aprobando la reforma. Cometió un error catalán al oponerse a la reforma del Estatuto de Cataluña en los términos en que lo ha hecho.